RESPUESTA DE CHANDIRAMANI

Las condiciones laborales y salariales de las Brigadas Verdes no cambiarían con Tragsa como gestora

Las condiciones laborales y salariales de las Brigadas Verdes no cambiarían con Tragsa como gestora
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.

Los trabajadores de las Brigadas Verdes no notarían en sus condiciones laborales y salariales que su gestión pasase a depender de Tragsa en lugar de la FPAV. Así se deduce al menos del contenido de la carta con la que la consejera de Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, ha respondido a las inquietudes que le trasladó, también por escrito y a finales del año pasado, el Comité de Empresa.

El cambio conllevaría la aplicación del Convenio Colectivo estatal de Jardinería a jornada laboral de promedio en cómputo anual de 37,5 horas semanales y unos sueldos “idénticos a los del año 2019”. “La estructura salarial”, precisa la consejera, “debería adaptarse a la del Convenio de Jardinería, que evidentemente no es exactamente igual a la del que ahora se está aplicando”.

En cualquier caso, “la vinculación a la bonificación existente [en las cuotas empresariales a la Seguridad Social] se mantendría excepcionando las correspondientes por la consideración de Centro Especial de Empleo, ya que Tragsa carece de dicha consideración”. Con la empresa pública también se mantendría “la categoría que ostenta en la actualidad cada trabajador siempre que fuese compatible con el Convenio de Jardinería” y “en cualquier caso” se mantendrían las remuneraciones.

Chandiramani: “La voluntad de la Ciudad es garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que conforman la plantilla de las Brigadas Verdes y mejorar el servicio que estos prestan”

Se respetaría “la antigüedad de cada trabajador” y “las áreas funcionales actuales”, así como “la adscripción actual de los trabajadores a cada una de ellas, aunque las necesidades del servicio, en función del encargo a Tragsa, podrían motivar cambios”. “No se producirá ningún tipo de cesión o adscripción del personal a otra entidad”, deja claro también Chandiramani, “salvo que se cuente con el visto bueno del trabajador y este se ajuste a la legalidad”.

“A niveles intermedios” tampoco habría alteraciones en “la estructura de mando”, aunque ello también está sometido a posibles modificaciones “en función de los requerimientos del encargo” que debería hacer la Administración autonómica, de cuyos fondos depende el sostenimiento de las Brigadas Verdes con 3,5 millones de euros al año de desembolso.

Con la empresa pública también se mantendría “la categoría que ostenta en la actualidad cada trabajador siempre que fuese compatible con el Convenio de Jardinería” y “en cualquier caso” se mantendrían las remuneraciones.

El escrito establece que “de manera genérica” los trabajadores con más de 65 años “podrán mantenerse en activo siempre que su estado físico lo permita”. Dado que en las Brigadas Verdes hay algunos que “la superan ampliamente” la intención del Ejecutivo local es que aquellos que puedan hacerlo se jubilen “siempre que sea posible de mutuo acuerdo”.

La "voluntad" del Ejecutivo y las cuentas de la FPAV

La consejera ha aprovechado para recalcar en que “la voluntad de la Ciudad, aunque es muy difícil contemplar lo que va a suceder a más de un año vista, es garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que conforman la plantilla de las Brigadas Verdes y mejorar el servicio que estos prestan”.

El Ejecutivo local consideraba en noviembre que dicho propósito pasaba “fundamentalmente” por “un cambio en el modelo de gestión que desvincule a las Brigadas Verdes de la FPAV”, ya que estas últimas arrastraban problemas de justificación de subvenciones que, en aplicación de la Ley, podrían terminar haciendo imposible que siguiese siendo beneficiaria del convenio anual de las Brigadas.

Según fuentes conocedoras de la situación, la Federación ya ha reconocido formalmente la existencia de cantidades de dinero público recibido sin justificar y está intentando alcanzar un acuerdo para fraccionar su pago con la Administración para evitar que colapse la llegada de dinero público. Los trabajadores de las Brigadas no se decidieron en asamblea en noviembre a pedir salir de la FPAV con la aspiración de entrar en alguna sociedad municipal como Obimace, algo inviable si no es con un proceso de selección abierto.

Las condiciones laborales y salariales de las Brigadas Verdes no cambiarían con Tragsa como gestora