La Ciudad está a punto de tropezar con la planta de transferencia de residuos del Monte Hacho con la misma piedra que con el servicio de transporte público en autobuses urbanos y otros. La gestión de su servicio público de explotación que se adjudicó definitivamente el 4 de agosto de 2010 a Urbaser se quedará fuera de contrato dentro poco más de dos semanas, cuando se cumplirá la vigencia de una década como máximo que contempló la última licitación, por seis años más un máximo de dos sendas prórrogas de dos años cada una.

Se trata de un servicio esencial que comprende, por unos 4,5 millones de euros al año, la cantidad por la que se adjudicó hace una década, “todas las operaciones a realizar desde la recepción y acondicionamiento de los residuos urbanos” en la infraestructura “y el transporte marítimo-terrestre de estos a la Península para su posterior tratamiento en instalaciones debidamente autorizadas”, pero aún así los tiempos han vuelto a atropellar a la Administración

Fuentes del Ejecutivo local han apuntado que “se está trabajando” para darle una solución definitiva a un contrato que fue licitado en 2009 por un importe de 33,6 millones (a razón de 5,6 cada ejercicio) y finalmente fue encomendado a Urbaser por 27,2 para seis años.

La empresa se benefició de la primera prórroga contemplada en los pliegos con Emilio Carreira al frente de la Consejería de Medio Ambiente. Fernando Ramos firmó la segunda en 2018.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, la explotación de la planta no tiene por qué sufrir contratiempos (aunque la de los autobuses sí los está teniendo, y no pocos) y podrá mantenerse en manos de Urbaser hasta que se produzca la licitación pendiente. El nuevo consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, iba a llevar este tema al Consejo de Gobierno del 3 de julio, pero retiró el punto del Orden del Día a última hora.