La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha ganado una sentencia que reconoce que la baja por trastorno ansioso-depresivo de una policía local "es un accidente de trabajo que se deriva del ambiente de conflictividad laboral que sufre". El veredicto, según CSIF de Ceuta, ha dado la razón a la afectada y estima que concurren “bastantes elementos para considerar que el proceso de incapacidad temporal por estado de ansiedad trae causa exclusiva del conflicto laboral existente”.

Además, recalca que “la baja se emitió por estado de ansiedad, con cuadro ansioso-depresivo, señalando la afectada como causa única durante todo el proceso la problemática laboral y, concretamente, un conflicto con su jefe, el seguimiento de un expediente y la apertura de un expediente disciplinario por falta grave”.

La resolución considera que “queda acreditada la existencia de un conflicto laboral, que se prolongó durante varios años hasta lograr minar el ánimo de la actora y causarle un trastorno ansioso-depresivo”. “Ante tal devenir de hechos permanecer impasibles indefinidamente y sin flaquezas exigiría una singular presencia de ánimo”, destaca.

El sindicato advierte de que la situación "se podría agravar porque la conflictividad laboral afecta también a otros compañeros".

La afectada sufrió la apertura de un expediente de investigación después de que se publicara en un medio de comunicación un artículo que recogía la alta conflictividad en el departamento de Policía Local de Catarroja (Valencia). Este expediente fue archivado por falta de pruebas, aunque después tuvo que enfrentarse a otro de carácter disciplinario.

En diciembre de 2017, CSIF logó una sentencia pionera del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se establece la obligación de empresas y administraciones públicas de contar con planes de prevención de riesgos laborales en situaciones de conflicto laboral (estrés, violencia psicológica, ambiente laboral tóxico, etc).

En ese caso, el Tribunal Superior confirmó una sentencia por la que se condenó al Ayuntamiento de Figueres (Girona) a abonar a una policía de la Guardia Urbana 25.000 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de una situación de conflictos personales con sus compañeros, prolongada durante varios años.