La Sección Local de CSIF ha denunciado este martes que un empleado público de una Unidad de Trabajo Social (UTS) ha sufrido una agresión física por parte de un usuario y ha exigido a la Ciudad Autónoma "que aporte al empleado afectado de todos los medios económicos, materiales y legales necesarios en las actuaciones y gastos que se pudieran derivar de dicha agresión".

Según el sindicato "son ya varias las ocasiones que hemos reivindicado que todas las UTS sin excepción, además de otros servicios como los registros, deben de contar con personal de seguridad que además de intervenir en el caso que fuera necesario, provoquen un efecto disuasorio ante los comportamiento inadecuados y agresiones verbales o físicas sobre los empleados que en dichos centros desarrollan su trabajo diario e incluso, sobre el resto de ciudadanos que también hacen uso de dichas instalaciones".

A juicio de CSIF "es inconcebible que dotar de personal de seguridad al menos a las tres UTS de Benzú, San José y el Principe se torne en algo tan complejo que en algún caso lleven años sin ella y, en el caso de Benzú, ni siquiera hayan tenido a día de hoy".

"El daño personal causado a empleados públicos por altercados durante el desarrollo del servicio donde podría verse perjudicada la salud física o mental de un empleado público derivada, entre otras cosas, por la falta de actuación o actuación incorrecta de los responsables de la Administración podría derivar en responsabilidades patrimoniales de la propia administración y de sus gestores.", ha advertido el sindicato, que ha vuelto a reclamar "personal que realice funciones de seguridad en todas las UTS y Registros municipales para proteger a usuarios y empleados de comportamientos y agresiones físicas y/o verbales que pudieran recibir".