¿Sigue plenamente vigente el Decreto de la Consejería de Sanidad que el pasado 24 de julio impuso el uso continuo de mascarilla en la ciudad aunque se mantenga distancia de seguridad con otras personas? La persona que presentó al día siguiente de su publicación un recurso potestativo de reposición administrativo cree que no, ya que a fecha 27 de agosto no ha recibido respuesta alguna "y la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la ejecución del acto impugnado queda paralizada si transcurrido un mes la Administración competente no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto”.

“Debería haberse publicado en el BOCCE su suspensión y, por tanto, la paralización de todas las sanciones impuestas”, entiende el recurrente, que alegó que el acto administrativo impugnado "incurre en inseguridad jurídica y arbitrariedad y vulnera el artículo 9 de la Constitución” y también "en falta de motivación, pues se hace eco de una retahíla de competencias y huelgan argumentos a informes técnico-sanitarios o de evolución de la ‘pandemia".

La Ciudad no lo ve igual, aunque sin total contundencia. Desde el Ejecutivo local han señalado que el expediente “sigue abierto” y que “la Consejería de Gobernación ha tramitado todas las propuestas de sanción en base al Real Decreto 21/2020 que estableció el uso obligatorio de mascarilla con la única salvedad de que existiese distancia de seguridad con otras personas, la diferencia más significativa con el Decreto local, que reforzó ese requerimiento”.

Además de este recurso administrativo existe otro, canalizado por la vía judicial y presentado por otra persona, que ha sido puesto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según la Administración local también todavía a la espera de respuesta.

En el conjunto del país distintos órganos jurisdiccionales han ratificado o anulado, según el caso, las resoluciones gubernamentales que han ordenado reforzar las disposiciones normativas nacionales sobre el uso de mascarilla o la prohibición de fumar.