La operación urbanística de Plaza Nicaragua, aparentemente desbloqueada con la adquisición del suelo por parte de la Ciudad hace ya dos años, podría enquistarse. La mercantil 'Gerencia Empresarial de Ceuta y del Estrecho' ha registrado un escrito presentándose como propietaria de “la obra en ejecución” ubicada en la zona y ha reclamado al Ejecutivo local que “cese en los actos de usurpación de la posesión o de desalojo del inmueble” y que se reúna con sus abogados “a fin de mediar una solución pactada al conflicto de intereses surgido”.
Dicho choque podría derivar no solo en la suspensión de cualquier actuación pública sino también en la anulación de toda la operación que permitió a la Administración hacerse con ese suelo para el desarrollo urbanístico previsto.
Según esta sociedad, las obras iniciadas le fueron encargadas por la dueña del solar, 'Vista Mirador de Dueñas', en virtud de un contrato suscrito en septiembre de 2009, iniciándose su ejecución “a plena satisfacción del promotor, previa autorización administrativa y mediante la preceptiva licencia”.
Posteriormente el promotor ordenó la paralización de los trabajos temporalmente porque estaba en negociaciones con la Administración “para la expropiación o compra del solar”. En 2011 autorizó al constructor, siempre según la versión de parte, a la que la Ciudad no da mayor validez, “a quedar en posesión de la obra y por tanto del local en construcción con el derecho a usarlo aún sin terminación”.
La constructora cifra el valor de la obra realizada y, asegura, no cobrada, en 1,29 millones de euros “según las certificaciones de obra y el proyecto de ejecución
La empresa dice haber tenido conocimiento no directo de la compra del terreno por parte de la Ciudad a través de la ejecución de un expediente de apremio y critica que en el anuncio de subasta pública la descripción de los bienes fue “exclusivamente la registral, no recogiéndose que dicho bien está construido”.
La constructora cifra el valor de la obra realizada y, asegura, no cobrada, en 1,29 millones de euros “según las certificaciones de obra y el proyecto de ejecución, (sin contar beneficio industrial, impuestos, honorarios y gastos generales de empresa) que se ha desarrollado hasta el momento”.
Por ello alerta de que “esta circunstancia no se ha tenido en cuenta en el embargo del inmueble, ni en el acuerdo de enajenación, ni en el anuncio de subasta, ni en la valoración del bien subastado”, con lo que se habría producido “un error en el expediente que concluiría con la nulidad radical del acto de enajenación en subasta y adjudicación en pago de deuda”.
El plan de la Ciudad tiene, según Vivas, dos fases: una para el adecentamiento y preparación del terreno y la demolición de las edificaciones en estructura que se encuentran en el solar "que no están contempladas en el
nuevo proyecto" (debe ejecutarse "de manera inmediata" con "el cerramiento perimetral del solar, su limpieza y saneamiento") y otra para "la construcción de la plaza propiamente dicha, trabajo con el que se pondrá fin a una asignatura pendiente décadas".
2,8 millones
La Ciudad Autónoma adquirió hace ahora dos años el suelo, según detalló la ex consejera Susana Román al Pleno, valorado en 4,08 millones de euros, a cambio de solo 2,82, ahorrándole a la Administración más de 1,25 a los que habría que añadir que ha realizado el cobro de deudas en ejecutiva por cerca de 0,8.
El Gobierno “no podía, al menos en ese momento”, aplicar el Reglamento General de Recaudación y dejar de gastar otro millón de euros porque “en el supuesto de no haber participado y haber quedado desierta la subasta en segunda licitación se tendría que haber iniciado el procedimiento de venta por adjudicación directa sin precio mínimo, limitándose la obligación al abono de la carga preexistente de la SAREB”.
“Se corría el riesgo de que cualquiera se hubiese adjudicado el bien por 1 céntimo sin que la Administración pudiese hacer nada y, a continuación, a sabiendas de las necesidades de la Ciudad, intentar vendérsela o forzar una expropiación”, alertó Román, que estima que en ese caso el desembolso obligado se hubiese disparado hasta los 4,08 millones mencionados.
