El debut en el Pleno de Susana Román como consejera de Fomento ha sido atareado. Las dos propuestas que ha presentado el PSOE, defendidas por José María Mas en ausencia de su líder, José Antonio Carracao, han ido dirigidas a su área y hacían hincapié en las políticas de vivienda. Mas también ha dirigido una interpelación a esa área sobre la polémica venta de la promoción de Serrano Orive y del edificio de González de la Vega.
El cambio de titular en la consejería no ha supuesto un cambio en la tendencia mostrada por el Ejecutivo, que en lo que va de legislatura se está caracterizando por acceder a las propuestas de la oposición en materia de vivienda.
En la parte práctica, el PSOE ha logrado dos compromisos de parte de Roman y ha sacado adelante sus propuestas por unanimidad de los presentes. Si bien una de ellas no es demasiado novedosa: El Gobierno ya se había comprometido a llevar a cabo una iniciativa similar, ante una propuesta de Caballas presentada y aprobada en el Pleno Ordinario de noviembre. Entonces el Ejecutivo se comprometió a elaborar y poner en marcha un Plan contra el fraude de viviendas protegidas que incidiera en controlar que los adjudicatarios no acaben alquilando el inmueble y no viviendo en él. Ahora el PSOE ha logrado que esa iniciativa se extienda a la compra venta.
Sea por el tiempo que ha pasado desde que en noviembre se aprobara la apuesta por luchar contra el fraude propuesta por Caballas o por el nuevo impulso en Fomento, ahora el Gobierno ha concretado un poco más. Román ha anunciado que Emvicesa creará una unidad específica que se dedicará a revisar “cada 3 meses todo el parque de VPO y si se detecta fraude que se inicien los pasos que podamos dar” con la intención de sancionar y subsanar la situación.
En concreto el PSOE pedía que la administración local ejerciera su derecho a recuperar las viviendas protegidas que los adjudicatarios tuvieran intención de vender a pesar de contar con un plazo de tiempo, normalmente prolongado, durante el cual está prohibido hacerlo. “Es cierto que eso sucede, todos conocemos algún caso a través de algún conocido de viviendas que se enajenan ilegalmente”, ha reconocido Román. No lo ha mencionado ni Román ni Mas, pero en la mente de los asistentes al debate ha sobrevolado la polémica que salpicó al propio presidente Vivas durante la campaña de las pasadas Elecciones Autonómicas cuando salió a la luz pública que el presidente había vendido una vivienda del Polígono (VPO) que seguía aún inscrita en el registro a su nombre. Desde luego, Román y Vivas se conocen.
Si bien la buena voluntad mostrada por el Gobierno en estos casos para “maximizar recursos” tal y como ha demandado Mas durante la exposición de su propuesta y paliar la falta de planes para la construcción de nuevas viviendas y dar soluciones a los 4.000 demandantes inscritos en el registro de Emvicesa, puede chocar con la legislación. Tal y como ha advertido Román si bien la Ley del Suelo del 90 otorga derechos para revertir a titularidad pública las VPO que el adjudicatario no ocupe, una sentencia de 1997 pone en entredicho ese derecho y quizás fuera necesario atacar el asunto con normativa propia de la Ciudad Autónoma.
Serrano Orive y González de la Vega
La preocupación del PSOE por las dificultades de los ceutíes para acceder a un techo digno no se han terminado en esa propuesta. Mas, único representante este lunes del PSOE local en el Pleno ante la ausencia por motivos personales de Carracao y por enfermedad de Milagros García, ha interrogado al Gobierno, también a Roman, sobre la venta del bloque de VPO de Serrano Orive y del edificio de González de la Vega. El diálogo ha contribuido bien poco a aclarar las posibles dudas que suscita la subasta.
Mas ha puesto sobre la mesa que el informe de valoración actual del edificio de González de la Vega estipula el valor del edificio en 283.000 euros, si bien, otro de 2007 daba al solar un valor de 584.000 euros. Nada al respecto ha aclarado Roman, ante un discurso poco vertebrado e inconexo de Mas.
La consejera de Fomento, bajo la atenta y observadora mirada de su predecesor, Martínez, se ha limitado a dejar claro que el dinero que obtenga la Ciudad Autónoma de la venta de esos dos inmuebles será destinado con carácter finalista a la promoción de viviendas protegidas, y ha dejado entrever que los nuevos propietarios podrán hacer con el inmueble de González de la Vega lo que les dé la gana, respetando, al igual que en Serrano Orive, lo que marca la legislación. Eso sí lo ha resumido bastante bien, Mas: “El que lo quiera lo destinará a lo que estime oportuno”, ha concluido tras la respuesta de Román el portavoz socialista.
En una línea similar, Román, ha vuelto a garantizar los derechos de los inquilinos de Serrano Orive y ha recordado que para su mayor tranquilidad se ha incluido una nueva cláusula en el contrato que les otorga mayor protección si cabe. Sobre el precio, Román se ha limitado a explicar que el Ejecutivo pretende obtener con la subasta el mayor beneficio posible.
Inspección Técnica de Edificios
No es la única propuesta que le ha votado a favor el PP al PSOE. Mas ha defendido también ante Román la necesidad de establecer una Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Edificios con el objetivo de dotar de mayor seguridad y calidad de vida a la ciudadanía ceutí y a su vez de incentivar el mercado laboral y el económico, habida cuenta de que muchas de las inspecciones acabaran concluyendo en trabajos de reforma y mejora de los edificios. Ceuta cuenta con uno de los parques de vivienda más antiguos de toda España, según ha apuntado Mas durante el debate.
Roman le ha dado el visto bueno a la propuesta de Mas, pero también con ciertos matices. El Gobierno planea encargar a los técnicos de Fomento y la Gerencia de Urbanismo (GIUCE) la elaboración de esa ordenanza, pero también prevé firmar un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta para que sea esta entidad la encargada de agilizar los trámites y verificar las inspecciones. Y es que habrá edificios a los que por edad les va a tocar pasar la inspección de forma periódica.
