Emvicesa se hizo con la vivienda por una permuta a una persona de movilidad reducida. Supuestamente López se la entregó a este demandante de vivienda del cupo joven sin que conste proceso de adjudicación alguno y el agraciado la vendió por 13.000 euros un año después.

La ex gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, está citada a declarar como acusación el próximo día 10 de mayo ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ceuta, el mismo que instruye el Caso Emvicesa. Pero declarará ante su titular y no ante Raquel Lucini, para ratificar la denuncia, aunque todo apunta a que le corresponderá al nuevo gerente, Juan Manuel Doncel hacerlo, ya que la denuncia la interpuso Emvicesa. Al juzgado le ha caído por orden de reparto la denuncia que la propia Chandiramani presentó hace semanas al encontrarse con la entrega de una vivienda propiedad de Emvicesa por el entonces gerente, Antonio López, a un trabajador de las Brigadas Cívicas del Príncipe, entonces, año 2008 –hoy en las Brigadas Verdes–, sin que conste en la sociedad municipal proceso alguno de adjudicación de la vivienda ni a esta persona, que fuera cargo público con el GIL, ni a ninguna otra.

La denuncia la cursó ante la Policía Nacional, concretamente ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que ya tomó declaración al beneficiario de la adjudicación de la vivienda, hoy trabajador de las Brigadas Verdes y remitió la investigación, la declaración junto la documentación aportada por Chandiramani desde Emvicesa, a la Justicia.

Los hechos se remontan a 2008. Emvicesa realizó una permuta a una mujer que tenía problemas de movilidad y cuya casa de unos 40 metros cuadrados en el número 32 de la calle Viñas no se encontraba adaptada a su situación. La sociedad municipal le entregó una vivienda adaptada en la promoción de la calle República Argentina y a cambio se quedó en propiedad con la de la calle Viñas, número 32. Esta vivienda acabó en manos de este conocido trabajador, entonces en las Brigadas Cívicas, sin que en Emvicesa conste proceso alguno de adjudicación, aunque el adjudicatario ha asegurado a Ceutaldia.com contar con documentación que acredita ese proceso y un documento oficial de Emvicesa, firmado por Antonio López como gerente, en el que se le adjudica el inmueble. A Emvicesa tampoco le consta pago alguno por la vivienda.

El adjudicatario, que también colabora con inmobiliarias, vendió la vivienda apenas un año después por 13.000 euros a otro particular. Y es este detalle el que ha hecho saltar las alarmas. El tercer particular comenzó a remitir escritos a Emvicesa solicitando la regularización de su vivienda para poder venderla o alquilarla. Un punto del que debía ser consciente ya que en el contrato de compra venta incluyó una cláusula por la que el vendedor debería reintegrarle el dinero pagado si en un cierto tiempo la vivienda no se regularizaba con Emvicesa.

Ningún escrito prosperó dada la inexistencia de expediente de adjudicación en la sociedad municipal. Pero Chandiramani llegó a recibir al interesado, el cual le aportó el contrato de compra venta entre particulares por el inmueble para demostrarle que él había comprado la vivienda. En la sociedad municipal sostienen que en realidad lo que compró fue lo que comúnmente se conoce “una llave”, pero no la propiedad del inmueble que en el registro sigue inscrito a nombre de Emvicesa.

Y es por eso mismo, por lo que la gerente decide denunciar el hecho ante la Policía Nacional, en parte ante la preocupación por la lupa judicial que ya pesaba entonces sobre la sociedad, que aún no había vivido el convulso día en el que algunos de sus trabajadores fueron detenidos y llevados ante la magistrada Raquel Lucini. Concretamente la sociedad municipal reclama recuperar la vivienda que entiende, ante la falta de documentación, que es de su propiedad. Aunque el trabajador de las Brigadas Cívicas antes y Verdes ahora asegura que él si tiene la documentación que le acredita como adjudicatario.

De demostrarse como cierta en la vía judicial la versión que se sostiene desde la Gerencia de Emvicesa sería un hecho más que demostraría la falta de rigor y cierto compadreo con la que se ha venido funcionando en la sociedad municipal encargada de la gestión de la vivienda pública en la ciudad en los últimos años del Gobierno de Vivas.