Las empleadas del servicio, financiado por el Estado, se manifestaron ante la Ciudad denunciando la reducción de jornada a la que se ven sometidas, la falta de medios y la nula comunicación con la empresa adjudicataria. El problema surgió tras imponer el Ministerio unos criterios más restrictivos a la hora de seleccionar que familias son aptas para contar con la ayuda y marcar que parte del servicio deba realizarse en espacios públicos, motivo por el que la Consejería dividió los fondos entre dos programas
Mucha frustración ante una situación con difícil solución. Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio a menores de Ceuta se manifestaron este viernes frente al Palacio de la Asamblea para protestar por una larga lista de cuestiones, empezando por la reducción de jornada que vienen sufriendo desde hace meses, lo que redunda en menos ingresos económicos. A la par, afean la falta de medios, "ni acreditación, ni uniforme"; que la empresa adjudicataria del servicio no les conteste al correo electrónico y, especialmente, que les cambien los turnos de un día para otro -en ocasiones "como represalia por protestas"- y principalmente porque son "sesenta trabajadoras para veinte usuarios". Esto provoca que acumulen "horas a deber" que se les ordena hacer sin aviso previo, lo que complica su derecho a la conciliación familiar.
El problema es intrincado. Según las fuentes consultadas por este medio, el servicio se financia con fondos del Gobierno central. En un principio el Ministerio del que depende no puso unos criterios, por lo que muchas familias pudieron optar a disfrutar de la ayuda a domicilio -que básicamente consiste en ir a recoger a los niños a la escuela y estar con ellos en casa cuando los padres no se encuentran allí- y muchas pudieron entonces acceder.
Sin embargo, con la nueva convocatoria se marcaron unas pautas -ser víctima de violencia de género, mayor de cuarenta y cinco años o tener unos determinados ingresos máximos- que mellaron considerablemente el número de solicitudes aprobadas. A la par, Madrid marcó como requisito que parte de este servicio se prestara "en espacios públicos". Por este motivo el dinero del Estado que inicialmente solo se dedicaba a el programa de ayuda a menores, ahora se divide en dos, con otro proyecto que cumple el mandato de la Administración nacional.
Menos ingresos para la empresa adjudicataria -la murciana Salzillo Servicios Integrales SL-, menos usuarios y la misma plantilla han redundado en que se reduzcan las horas a las trabajadoras, "vulnerando en algunos casos derechos ya adquiridos", como señaló la presidenta del comité de empresa, Beatriz Ávila, del sindicato UGT.
Hasta ese punto la solución parece compleja, aunque con la convocatoria aún abierta, el número de familias a las que atienden -ahora tan solo veinte- podría incrementarse ligeramente. Sin embargo, las trabajadoras denuncian una larga serie de cuestiones que tienen que ver con el trato que reciben por parte de la firma. Por ejemplo, el hecho de que no les faciliten ni acreditación ni uniforme: "Vamos al colegio a recoger a los niños y nos ponen pegas", subrayó la representante de las manifestantes.
También se quejan de los problemas de comunicación con la compañía, a la que solo pueden dirigirse "a través de correo electrónico", encontrándose con que "no contestan, salvo cuando es un tema que les interesa". Esa ausencia de diálogo hace que en ocasiones vayan a casa de los usuarios "y sus padres estén allí" o que acumulen horas a deber de trabajo y "de un día para otro" les hagan hacerlas "sin tener en cuenta la conciliación familiar o las circunstancias personales".
Un cúmulo de quejas que se dirigen principalmente a la empresa, pero de las que también hacen culpable a la Consejería de Sanidad, la de Nabila Benzina, con la que dicen haberse reunido tiempo atrás sin recibir soluciones.
