El reparto definitivo de los 7.000 millones que se movilizarán ha sido aprobado de forma unánime por las comunidades autónomas en la Sectorial de Vivienda de este jueves
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de Ceuta, la asignación para 2026 será de 800.000 euros, mientras que la distribución global prevé una inversión de 7 millones de euros hasta 2030 para el desarrollo de políticas públicas de vivienda en la ciudad.
“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra. “Este es el camino. A este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces en las que todos estemos de acuerdo”, ha sentenciado.
Un acuerdo de país por la vivienda con participación autonómica y nueva financiación
El nuevo Plan Estatal de Vivienda supone una muestra del modelo de diálogo y consenso impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el objetivo de culminar la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteada en la Conferencia de Presidentes de Barcelona para alcanzar un acuerdo de país en materia de vivienda.
Según el Ministerio, el diseño del plan ha incluido 28 reuniones con comunidades autónomas y encuentros con entidades, agentes sociales y expertos, de los que han salido 365 aportaciones incorporadas a la redacción final del texto.
El Plan triplica los fondos gestionados por las comunidades autónomas y establece un esquema de corresponsabilidad financiera en el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. Además, fija que al menos el 40% de los recursos se destine a construcción y adquisición de vivienda, un 30% a rehabilitación del parque existente y el 30% restante a medidas de protección para colectivos y territorios con mayores necesidades.
El programa incorpora también la obligación de blindar la protección permanente de las viviendas construidas con estos fondos, así como mecanismos de transparencia en las adjudicaciones mediante una cláusula antifraude. Asimismo, contempla medidas para reforzar la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos orientado a facilitar información veraz y accesible sobre vivienda.
