Y lo es más aún desde que se supo que la intención del Ejecutivo es la de incluir en esta contratación las tareas de demolición del mercado central, así como de adecuación de la Manzana del Revellín para recibir al nuevo mercado.

El régimen del contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total del precio (nombre real del sistema) está regulado en España por el Real Decreto 704/1997 de 16 mayo. Cuando al PP llegó al Gobierno se encontró con la economía en unos valores que hacían imposible cumplir con los criterios de convergencia de Maastricht, por lo que era necesario establecer una política estricta de déficit cero, pero a la vez no se podía paralizar por completo la inversión pública en infraestructuras. Motivo por el que el área económico del Ejecutivo planteó este decreto, aunque eso sí, con una seria de salvaguardas para garantizar su correcta aplicación.

Una de ellas, y en la que se encuentra el primer escollo para la Ciudad, es que como relata la Disposición final tercera, el Gobierno se compromete a elaborar un Real Decreto tras el primer año en vigor de éste que regule los supuestos en los que el sistema pueda ser utilizado por la entidades que integran la Administración local. Un decreto que sin embargo, y once años después, sigue sin existir. Es decir, el modelo sólo lo pueden aplicar el Estado y las comunidades autónomas. Y aunque Ceuta cuenta con un estatuto de Ciudad Autónoma, éste indica de forma clara que se aplicarán siempre la Ley de Báses de Régimen Local, por lo que el Gobierno ceutí no podría utilizar esta modalidad de contrato.

El Artículo 1 indica que el contrato de abono total podrá aplicarse en la construcción de infraestructuras de carreteras, ferroviarias, hidráulicas, en la costa y medioambientales. Es decir, que en ningún caso una obra como el soterramiento de Independencia y Gran Vía, que son calles, y no carreteras, para lo que sería necesaria una modificación del PGOU, algo que según los expertos urbanísticos consultados por Ceuta al día habría que realizar en cualquier caso si se quiere realizar el proyecto, ya que el plan no recoge la posibilidad de enterrar el tráfico en dicha  zona.

Por lo tanto, por su propia tipología, la obra queda también descartada. Pero es que además, se ha hecho público, según habían confirmado varias fuentes a Ceuta al día y ha publicado El Faro, que la intención del Gobierno Vivas era la de incluir en la adjudicación del soterramiento las tareas de derribo del inmueble del actual mercado, y la adecuación del que recibirá el nuevo en la Manzana del Revellín. El punto 4 del Artículo 1 del decreto marca que cada obra "será objeto de contratación independiente" y queda prohibida la "acumulación de obras en un mismo contrato". Es decir, de nuevo el decreto considera inviable la intención del Gobierno, que quiere unir otros dos contratos a la adjudicación del soterramiento.

Pero es que además, según el punto 3 del mismo artículo, esta modalidad no es de aplicación a los contratos de obras de reforma, reparación, conservación o mantenimiento y demolición de infraestructura. Justo el objeto de las tareas para el antiguo y el nuevo mercado.

En definitiva, segú el texto del decreto las intenciones del Gobierno de Vivas conllevarían hasta cuatro acciones ilegales. Más malas noticias para un Ejecutivo al que cada día se le complica más la magna obra del eje Manzana-mercado-soterramiento.