La ex consejera, Susana Román, declaró ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Ceuta en el caso que investiga una supuesta prevaricación administrativa en el pago de 277.000 euros en publicidad desde Emvicesa a la empresa editora de El Faro de Ceuta y en la que hasta la fecha figuran como investigados el ex responsable de Vivienda del Gobierno de Vivas, Antonio López, y el actual consejero de Juventud, Deporte y Turismo, Emilio Carreira. Román declaró como testigo y sostuvo la misma versión que ya ofreció públicamente a este diario cuando en julio de 2016 sacó a la luz el asunto.

Román ha defendido su actuación en los hechos que desembocan en el pago de facturas por publicidad con arreglo a contratos prorrogados desde el año 2008 de forma automática y que por su cuantía son mayores y deberían haber pasado el filtro de un concurso. Contratos en cuyo final, además, se dio el caso de la no inserción de la publicidad contratada. Román ha repasado en su actuación que el asunto le vino sobrevenido y que su desempeño en la causa se limitó a firmar el acuerdo con la empresa editora, acuerdo extrajudicial, que reconocía la obligación de pagar las facturas que el diario siguió pasando a Emvicesa durante los dos últimos años. Y eso sí, previos informes jurídicos. Para ex culparse de toda responsabilidad, Román ha llegado a aportar las sentencias judiciales que avalaron el acuerdo, no ha dudado en señalar a los servicios de Intervención y hasta al gabinete de comunicación y la unidad que desde Procesa gestiona la publicidad institucional –aunque no la de las empresas públicas, extremo que por su declaración, Román parece desconocer-. Y no sólo, también a Guillermo Martínez, Francisco Márquez, el propio Antonio López e incluso a Emilio Carreira.

Y es que tanto Fiscalía como su Señoría han preguntado a Román por la firma en los contratos y la ejecución de la publicidad que exigían. En concreto el Ministerio Fiscal le hizo repasar su amplia experiencia como cargo público (desde el año 2000 hasta la pasada primavera) para cuestionarle sobre quién debería haber firmado esos contratos a lo que Román no duda en señalar a Guillermo Martínez: “La persona competente para firmar esos contratos sería un consejero, en este caso, Guillermo Martínez, pero hasta el plan de ajustes, hacían un reparto entre varias áreas, ella entendía sería el consejero anterior a ella, sería Paco Márquez y Guillermo Martínez, y en la última etapa Emilio Carreira”, repasa en realidad la cabeza visible en la cartera de Economía y Hacienda, aunque se ha solapado la misma con Fomento, de la que depende Emvicesa –salvo en el caso de Carreira-.

Y la propia Román reconoce que “El señor Antonio López no tenía competencia para firmar esos contratos”, aunque también señaló que “Paco Márquez y Antonio López tenían una relación personal importante y no se extraña que le dijera que firmara ese contrato”, para aclarar después que ella, en su amplia trayectoria no ha delegado firmas y si se ha hecho de forma puntual se suele hacer constar la delegación. Aunque antes ya había apuntado que “Antonio López era el todo en vivienda, resolvía todas las cuestiones en vivienda”.

Un dato no menor, que parece apuntar a que los contratos los podría haber firmado López y no Francisco Márquez sin competencia para ello. Una cuestión que de ser así habría pasado desapercibida a todos los técnicos a los que aludió la propia Román y servicios Jurídicos como los de Intervención, así como que las facturas las presentaba una sociedad distinta de la que aparecía referenciada en los contratos. Hechos todos ellos que el propio López, aseguró en el verano de 2016 -antes de su detención- a este diario, había advertido a la propia Román a la que le llegó a prevenir sobre una posible prevaricación si le pagaba a El Faro esa publicidad.

La propia magistrada se interesa por el asunto y repreguntó a Román que no encontró “explicación alguna de por qué a los jurídicos no les constan que estuvieran allí o hubieran visto los contratos”. Ella misma declaró no haberlos visto a pesar de declarar también haber supervisado el expediente que firma en el acuerdo final extrajudicial por el que se reconoce a la editora de El Faro el pago de 277.000 euros.

El otro requisito legal que podría poner en duda el derecho reconocido extrajudicialmente a la empresa de Rafael Montero para el cobro de esas facturas es precisamente el cumplimiento de la inserción de publicidad. No se llegó a publicar gran parte de la que se correspondería con ese pago cercano a los 300.000 euros. Los servicios jurídicos sostienen que aquí también la culpa sería de Emvicesa por no enviar las órdenes con la publicidad al diario o no hacerlo en tiempo y forma. Por eso Román también echó balones fuera para hacer recaer la responsabilidad de controlar esa ejecución en “el gabinete de prensa” que según su testimonio “hace un seguimiento y también hay un servicio en el Ceuta Center, que es otro gabinete que hace de filtro, que pertenece a la Consejería de Hacienda, encargándose de ello Diego Sastre y dos personas más”. Ella, y así lo declara, “no hacía el seguimiento a la publicidad”. Aunque en la realidad ni el gabinete de prensa ni el otro del Ceuta Center hacen gestión alguna en lo relativo a la publicidad de las sociedades públicas, cuya gestión en esta materia –como en casi su totalidad- está desligada de la administración de la Ciudad Autónoma y depende de ellas mismas, de ahí que ella, como presidenta del Consejo de Administración de Emvicesa y no el consejero con competencias sobre la publicidad institucional (era Emilio Carreira en esa época) firme el acuerdo extrajudicial.