Tal y como adelantó Alejandro Ramírez en la sesión plenaria del pasado mes de noviembre, el Gobierno prevé construir 29 viviendas de alquiler social en Huerta Téllez. Las infraestructuras se erigirán en una parcela de carácter residencial -propiedad de EMVICESA- que cuenta con más de 750 metros cuadrados de superficie.

Según el ente público, ya han comenzado los trabajos de desbroce y limpieza del solar. Las labores, presupuestadas en 1,02 millones de euros, se financiarán con cargo a los fondos europeos, directamente gestionados por el Ministerio de Transportes, Viviendas y Agenda Urbana.

De manera paralela, TRAGSATEC ya está redactando la primera fase del proyecto, que contempla la construcción de viviendas en edificios sostenibles en materia de eficiencia energética. La construcción no solo cumplirá con los requisitos de energía del Código Técnico de la Edificación, sino que reducirá sus valores en un 20% adicional. De esta forma, las casas tendrán un consumo de energía primaria no renovable que no superará los 28 kilovatios por metro cuadrado al año.

El programa de necesidades albergará viviendas de uno y dos dormitorios, siendo algunas de ellas adaptadas. Igualmente, se pretende aprovechar el desnivel de la parcela para distribuir las viviendas en tres plantas sobre rasante, además de plantas bajo rasante para la construcción de garajes y trasteros.

Características y condiciones del alquiler

La Ciudad, en cumplimiento del artículo 60 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, destinará las viviendas a alquiler social. Igualmente, bajo la prioridad del criterio social y tal y como establece el artículo 68 de dicho RD, las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en ellas.

Asimismo, y de acuerdo al artículo 66 del referido RD, el precio del alquiler de las casas deberá figurar en la resolución de la ayuda. El acuerdo suscrito entre la Consejería de Fomento y el MITMA estipula unos límites, cuyos máximos son de 7 euros por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda y de 4,2 en el caso de los garajes y trasteros. 

El precio del alquiler se aplicará en el momento de la formalización del contrato de arrendamiento, siendo objeto de actualización anual conforme a la variación anual del IPC.

Por último, a propuesta de la Ciudad, los ingresos máximos de los arrendatarios en su conjunto deberán ser cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en el caso de las condiciones generales de los arrendatarios y de cinco para personas con discapacidad.