El silencio ha sustituido esta mañana al estruendo de las motosierras del martes. Pese a lo anunciado, la plantilla de Obimasa se ha quedado este miércoles en su puesto de trabajo y no se ha repetido la protesta para reivindicar la firma de su convenio, congelado desde 2009. De nuevo, el Gobierno ha logrado paralizar las protestas,  atemperar lo ánimos y ganar tiempo entregando, por fin, el informe legal en el que se apoya para bloquear la propuesta de convenio aprobada por los trabajadores. Un informe que UGT, mayoritaria en el Comité de Empresa, lleva semanas reclamando y que el Gobierno ha entregado este jueves justo antes de entrar a la reunión convocada a primera hora de este miércoles para tratar de desbloquear las negociaciones.

A la espera de analizar detenidamente el informe legal, los trabajadores han paralizado las concentraciones diarias anunciadas. Pero, un primer vistazo al informe solo añade más confusión. Según el informe legal aportado por el Gobierno, uno de los inconvenientes estriba en la aplicación de la jornada de 35 horas en Obimasa. Según la Oficial Mayor, Dolores Pastilla, la jornada de 35 horas será ilegal, pese a que, sorprendentemente, se aplica ya a los funcionarios y al personal laboral de la Ciudad y de las empresas municipales en aplicación de un acuerdo del Consejo de Gobierno de 2018.

Una contradicción flagrante, señala Ramírez, apuntando dos ejemplos de convenios renovados recientemente con la jornada de 35 horas, como son los de Obimace y Amgevicesa. "Ahora nos dicen que se han equivocado", explica Antonio Ramírez sin ocultar su sorpresa, "pues si es así, tendrán que rectificar lo anterior, porque entonces lo que se está haciendo es ilegal. ¿Está diciendo que los otros convenios son ilegales? La verdad, me quedo sin palabras".

No es el único obstáculo que señala el informe de la Oficial Mayor. También se avisa de que para la reclasificación de puestos es necesaria la titulación, algo que, apunta Ramírez, no se ha aplicado al caso del responsable del 112, Javier Romaguera, que, como viene denunciando el PSOE, carece de la titulación requerida.

Pero lo curioso del entuerto, explica el representante sindical, estriba en que no se trata de diferencias legales sino "de opinión". "El informe de la Oficial Mayor dice que si hay otras opiniones está dispuesta a estudiarlas. Y esa es nuestra voluntad: llegar a un acuerdo lo más rápido posible".