El Gobierno de la Ciudad sigue mostrando una doble postura respecto a las Brigadas Verdes de la Federación Provincial de Vecinos (FPAV). Por un lado insiste en tender la mano y buscar fórmulas para hacer ganar estabilidad a la plantilla, pero por otro no parece que esa estabilidad pase por desembarcarlos dentro de la nueva empresa pública de limpieza viaria y recogida de basuras, Servilimpce. Y tampoco se mueve en el presupuesto de 3,55 millones de euros que ha asignado en el documento aprobado por el Pleno para este 2025.
El portavoz del Ejecutivo y máximo responsables de la limpieza como consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha reflexionado en ese sentido durante su comparecencia semanal tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Para Ramírez la plantilla ya mejora a partir del 1 de enero con su adscripción, que ha recordado que ha sido su decisión, al convenio nacional de jardinería. “Esto tiene una serie de cambios, no sólo una pequeña parte retributiva, también una serie de derechos y obligaciones que el anterior convenio —sin actualizar desde 2012— no recogía. Ahora mismo la relación es privada entre la Federación de Vecinos y las Brigadas Verdes y seguiremos dando pasos en su estabilidad laboral que es lo que también exigen”, ha afirmado.
Eso sí ha evitado hablar de alguna, cualquiera, fórmula para que pasen a la Administración y ha insistido en que la adscripción al nuevo convenio ya supone una importante mejora. Al mismo tiempo ha puesto en valor el trabajo que vienen realizando citando de forma expresa la adecuación del entorno de los pantanos.
“Un paso importante”, ha insistido sobre el nuevo convenio y sin excederse de ahí ha insistido en que “tenemos que seguir trabajando aún en esa mejora que sea satisfactoria para toda slas partes, tanto trabajadores, como FPAV y la Ciudad por los servicios que se pueda prestar y se puedan hacer de una mejor manera”.
Tampoco parece que esté en los Planes del Gobierno incrementar el presupuesto de las Brigadas. En la aprobación inicial de los Presupuestos se fijaba en 3 millones de euros el coste del convenio entre las Brigadas y la FPAV y vía enmienda se elevó a los 3,55 millones de euros para cubrir el incremento de los costes laborales por la adhesión al nuevo convenio. MDyC por ejemplo planteó una enmienda que ya elevaba ese coste a los 3,7 millones. Ramírez entiende que de momento los 3,55 son suficientes.
“Si como ha sucedido otras veces que partían de 3 millones y al final el coste real era de 3,33 millones, si hay un exceso de gasto y puede ser atendido sin pega por parte de la Administración, se hará. La previsión es que con los 3,55 millones puedan cubrir el ejercicio sin problemas. Pero siempre que ha habido necesidad la Administración ha atendido si hay peticiones adicionales”, ha recordado pero dejando caer que por el momento la gestión de las Brigadas ha de ajustarse a esos 3,55 millones.
