Los abogados españoles no pueden más. Los principales colegios profesionales del país se han concentrado este 28 de junio a las puertas de los Palacios de Justicia de cada una de las capitales de provincia para escenificar su hartazgo por la existencia de lo que consideran un "atasco judicial".

Claro está, los letrados que se desempeñan en suelo caballa han secundado el llamamiento de sus colegas del resto de España (aunque no todos). Bajo el lema 'La Justicia es una cuestión de Estado', alrededor de una veintena de profesionales del gremio se han dado cita frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 para -ataviados con sus togas- "pedir la decidida implicación de todas las Administraciones y operarios jurídicos en busca de una solución para la Justicia".

La elección de la fecha no ha sido, ni muchísimo menos, producto de la casualidad. No, la concentración no tenía nada que ver con el Día del Orgullo, sino, más bien, con la cercanía del período electoral, en el que los juristas de toda España han visto una oportunidad sin igual para lanzar sus reivindicaciones.

La idea no es otra que forzar a las formaciones concurrentes a los comicios a mover ficha una vez constituidas las Cortes Generales, puesto que, según Isabel Valriberas, "la actual situación del Servicio Público de Justicia es completamente insostenible". "Lleva más de cuatro meses paralizado por diversas huelgas, sin cumplimiento de los servicios mínimos y sin visos de solución", se quejaba la decana del Ilustre Colegio de Abogados de nuestra urbe.

Según Valriberas, a las sucesivos parones, hay que sumar "un déficit histórico y estructural que el servicio arrastra desde hace décadas". "Se han suspendido decenas de miles de vistas, dejando el mismo número de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada y señalamientos fijados para fechas tan irrazonables como el año 2027", lamentaba la presidenta del colegio ceutí, quien tiene claro que "nuestro Estado social y democrático requiere de una Justicia pronta y de calidad".

En síntesis, lo que reclaman buena parte de los abogados españoles es "un pacto de Estado tras las elecciones generales", circunstancia que permitiría "crear un servicio efectivo y de calidad de cara a la próxima legislatura". El organismo que agrupa a los abogados de la nación articula sus peticiones en torno a once puntos, a saber:

1. Gobernanza incluyente

2. Recursos materiales y personales

3. Racionalización organizativa

4. Ejecución de resoluciones

5. Expediente electrónico

6. Acceso universal

7. Conciliación de la vida personal y profesional

8. Regulación del Derecho de Defensa e Instrucción por el Ministerio Fiscal

9. Solución adecuada de diferencias

10. Recursos y procedimientos

11. Modificación del marco normativo de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio

Pese a que el escenario de una nueva huelga es improbable, nada es descartable. Los letrados planean agotar la vía del diálogo antes de recurrir a otros argumentos. Por lo pronto, todo apunta a que los gerifaltes nacionales se reunirán pronto con sus homólogos políticos para tratar de desenquistar la situación.