La “interpelación reflexiva” –así la ha bautizado el propio interrogador- presentada por Caballas y defendida por Juan Luis Aróstegui al Gobierno sobre el servicio de autobús ha servido para conocer que el Ejecutivo de Vivas, concretamente a través de Procesa, trabaja ya en el borrador del pliego de condiciones con el que sacará a concurso antes de septiembre del próximo año el servicio público de autobús urbano en Ceuta. Y lo hará sin estudiar si quiera la posibilidad de recuperar el servicio y municipalizarlo. Sorprendente claridad de ideas en una Administración que mantiene entre otras más de una decena de empresas públicas, un hotel municipal.

El anuncio hecho por el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, durante su respuesta a Aróstegui ha incluido algunas pistas: El Gobierno prevé incluir como obligaciones del servicio algunas “modernidades” que ya facilitan la vida de los usuarios del autobús urbano en muchas otras capitales de provincia tales como la obligatoriedad de contar con GPS incorporado o contar con una APP que junto al GPS permita a cualquier ciudadano desde su móvil saber por dónde circula exactamente su autobús y cuánto tiempo resta para que llegue a su parada.

La interpelación pretendía arrancar al Gobierno una reflexión sobre la conveniencia de al menos estudiar la posibilidad de recuperar el servicio para la gestión pública si algún estudio demostrara que los beneficios pudieran ser mayores. Pero Aróstegui ha pinchado en hueso, “no porque demonicemos lo público”, le ha contestado Hachuel. Si no porque para el consejero y responsable del área del Gobierno de Vivas, las circunstancias de Ceuta son homologables a las del 71 por ciento de municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes –el caso de Ceuta- que ya apuestan por la privatización del servicio; porque en la misma línea concluyeron tres técnicos de uno de esos municipios, Toledo; porque en la misma línea concluyó un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia y porque así lo recomendó una asociación de municipios catalanes. Y con esa base es suficiente para no plantear ni el estudio y abordaje de la cuestión. Todo en el seno de un Gobierno que como ha recordado Aróstegui ha cambiado su postura sobre la gestión pública en el último año gracias a Tragsa, 43 encomiendas en año y medio.

Aunque puede ser también que tenga que ver con los plazos. Y es que a la empresa Hadú Almadraba se le acaba la concesión –si es que la tiene, ya que se ha puesto en duda durante el debate- de manera taxativa en septiembre del año que viene y para entonces el Ejecutivo está obligado a tener recambio vía concurso de adjudicación o encomienda de gestión o decreto de asunción del servicio.

Aróstegui ha señalado en su exposición inicial la anomalía en la que se encuentra un servicio que es de titularidad pública y que, según el propio informe esgrimido por el Gobierno para aprobar la subida del precio del billete este mismo lunes, la adjudicación a la actual empresa data de 1954 (75 años nada más y nada menos). Aunque Hachuel ha defendido que se renovó la concesión en 1994 por un periodo de 25 años, cuando la actual legislación impide ahora mismo que este tipo de concesiones públicas se vayan más allá de los 10 años con una prórroga de otros 5. Lo que en cualquiera de los dos casos obliga a plantear una licitación y a que el Gobierno decida sobre quién y cómo explotará el servicio. Dado que a día de hoy, como ha señalado Aróstegui “no existe ningún pliego de condiciones que regule el servicio y en base al cuál se le pueda exigir a la empresa”. Es decir “es la empresa la que decide horarios, frecuencias y líneas” y el Gobierno como mucho “puede pedirle cosas, como cuando nos ponemos pesados con el Serrallo”.

Si Hachuel ha citado a Toledo o Marbella para referir ejemplos de apoyos de Izquierda Unida a la privatización del servicio, Aróstegui ha citado a Málaga (gobernada por el PP) o Madrid (ahora Carmena, pero anteriormente el PP) para citar ejemplos de ayuntamientos gobernados por la derecha que apuestan de manera decidida por mantener el servicio de transporte público urbano controlado por sus propios medios “para decidir en aras a la rentabilidad social y no sólo a la económica”.

Aróstegui ha reprochado a Hachuel que apuesten por lo privado, porque la rentabilidad de las empresas y la mayor economía de los servicios sólo se “soportan con el sudor de los trabajadores que están siempre peor pagados”, llegando incluso a acusar al Gobierno de ser por interposición quién los “explota con sueldos miserables que si ustedes tuvieran que pagar las daría vergüenza”.

Entre las deficiencias de los servicios actuales del bus, Aróstegui no sólo ha referido “modernidades” tales como el GPS o la indicación en parada de cuánto tiempo resta para el servicio, sino el actual sistema de rutas que varía en función de la hora para la misma línea o la falta de transporte en zonas menos pobladas (Serrallo y Sarchal) o la de un ‘buho circular’ que permita a los jóvenes poder optar entre el taxi y el bus cuando se “recojan un poco más tarde”. Y entre las opciones ofrecidas al consejero para recuperar las riendas del servicio desde la casa ha incluso propuesto la encomienda a una empresa pública, señalando a AMGEVICESA, sin ncesidad de crear una nueva sociedad.

Hachuel sí se ha comprometido en compartir con la oposición el borrador del pliego de licitación tan pronto esté listo para que puedan optar a introducir sus propuestas y mejorarlo. Y Aróstegui no se ha cansado de requerir al consejero que mejor que basarse en un estudio de Toledo o Valencia elabore uno propio y circunscrito a la realidad de Ceuta. No le arrancó el compromiso. Lo más parecido se puede encontrar en el informe que hizo la empresa de auditoría arquitectónica Idom a mediados de la década pasada para el Plan General de Ordenación Urbana (otro anacronismo administrativo del Gobierno Vivas). En el preámbulo al estudio ya señalaba que uno de los principales obstáculos para reordenar el tráfico en Ceuta y hacer la circulación más eficiente era precisamente las deficiencias del servicio de transporte público, que desde entonces ha cambiado poco más que en el precio del billete.