La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) ha remitido este viernes un escrito a todos los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, entre ellos el de Loma Mendizábal, con nuevas medidas para evitar la expansión de la Covid-19 entre la población reclusa, considerada colectivo de alto riesgo, y los trabajadores y trabajadoras penitenciarios.

Un equipo de la SGIP monitoriza a diario la situación. Tras su última reunión, en la que se analizó el último documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) sobre la incidencia del coronavirus, ha decido implementar varias medidas.

Se suprimen las comunicaciones especiales de los internos reguladas en el artículo 45 del Reglamento Penitenciario. Es decir: las comunicaciones familiares, íntimas y de convivencia. También se restringen las comunicaciones ordinarias, por locutorio, al 50%, con dos comunicantes por interno como máximo. El horario se extenderá a todos los días de la semana, con obligación de desinfectar los locutorios después de cada turno de comunicación. Además, se suspenden los permisos de salida y las salidas programadas de los internos.

Las medidas, con una vigencia inicial de tres semanas a contar desde su entrada en vigor el próximo lunes, afectan a todos los centros de la Administración General del Estado salvo los de Canarias y Baleares. Todas, que se ponen en conocimiento de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, se enmarcan en el ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid19’, acordado en el Consejo Interterritorial de Salud de 16 de julio de 2020.

Para paliar las restricciones, se ha aumentado el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos y se ha potenciado el sistema de videollamadas. A partir del mes de diciembre, comenzará a funcionar en pruebas un sistema de cabinas para poder realizar las videollamadas. Estas cabinas permitirán además enviar mensajes de voz y el pago a cobro revertido. Se espera que a lo largo de 2021 el sistema de videocabinas esté implantado en todos los centros dependientes de la Administración central.