LIMPIEZA PÚBLICA

Intervención exige que se acredite por qué volver a pagar a Trace íntegras sus certificaciones mensuales

Intervención exige que se acredite por qué volver a pagar a Trace íntegras sus certificaciones mensuales
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

El coqueteo emprendido por el Gobierno de la Ciudad para intentar llegar a un divorcio por las buenas con Trace ha topado con los reparos legales de la Intervención de la Administración, que ha exigido a la nueva Dirección Facultativa del contrato del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos que acredite por qué ha propuesto volver a pagar íntegras sus certificaciones mensuales a la UTE concesionaria.

La Ciudad pagó religiosamente cada factura a Trace desde febrero de 2013 hasta junio de 2017. Fueron 52 certificaciones a tocateja y sin reparos, con defensa pública de que la empresa lo hacía bien y que no existían reproches a su desempeño más allá del lamento por haber tenido que reducir el importe del contrato con respecto a los años de Urbaser de las escobas de oro.

En junio de 2017 todo cambió. Hasta septiembre de este mismo año, más de doce meses seguidos, la Ciudad no ha pagado ni una sola vez todo lo que le ha presentado Trace, que cifra en una media de 1,4 millones mensuales la cuantía de sus remuneraciones pero que ha venido cobrando unos 250.000 euros menos en cada certificación por detracciones que considera "improcedentes".

Sendas amenazas de huelga han traído dos novedades llamativas para la prestación. En primavera, el consejero de Medio Ambiente aceptó firmar un nuevo protocolo para el control del servicio en base a una "obligación de resultado", esto es, según las calles se vean limpias o no, que el Ejecutivo no tiene la intención de aplicar en lugar del 'conteo' de los trabajadores que salen a hacer su trabajo a la vía pública.

Al principio del otoño, la Ciudad cambió a los responsables técnicos del contrato, oficialmente porque los anteriores no disponían del tiempo necesario para atenderlo, y los nuevos han propuesto empezar con buen pie eliminando las detracciones a Trace, criterio para el que la Intervención ha pedido soporte argumental válido.

En paralelo, la Justicia ha desestimado la petición cautelar de Trace para obligar a la Administración a pagar controlando el servicio de acuerdo con el protocolo de abril, ya que el Juzgado ha entendido que pronunciarse al respecto sería casi tanto como hacerlo ya sobre el fondo del asunto sin que haya sentencia todavía.

El pasado 1 de octubre, la UTE pidió formalmente por escrito que se resuelva su contrato con las indemnizaciones que corresponda incluso por lucro cesante y alertó a “los funcionarios y autoridades a cargo del expediente” de que están expuestos a “diferentes tipos de responsabilidades” por su actuación, desde “sanciones administrativas disciplinarias por la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales” hasta “una condena judicial por la comisión de un delito contra la Administración Pública en forma de prevaricación administrativa”.

Vivas ha anunciado este mes que contratará abogados externos "de calidad" para defender los intereses de la Administración en el conflicto que se avecina si no hay acuerdo con Trace.

Intervención exige que se acredite por qué volver a pagar a Trace íntegras sus certificaciones mensuales