La Intervención de la Ciudad no permitirá a Tragsa lucrarse con la simple externalización de parte de las encomiendas que se le adjudican desde el Gobierno local. Hace un año, cuando aterrizó a este lado del Estrecho como supuesta solución para hacer cosas con celeridad y certeza aunque a un precio superior se conoció un caso paradigmático de lo que ya no se va a repetir, según han indicado fuentes de la Consejería de Hacienda.

Dentro de la encomienda de limpieza pública se acordó pagar a Tragsa, según sus tarifas oficiales, 127.505,01 euros por “la recogida de distintos tipos de residuos mediante trabajo con personal especializado” de “taludes, acantilados y zonas de difícil acceso”. Alegando que no disponía de cinco trabajadores con ese perfil, Tragsa licitó inmediatamente la externalización de esas labores y lo hizo por solo 85.000,38 euros, importe también de adjudicación a 'Sin Límite Vertical'.

Más de 40.000 euros de beneficio a costa de un trámite administrativo. Fuentes de la empresa indicaron que ese margen va a “sufragar todos los costes indirectos que Tragsa, como cualquier empresa, debe asumir para mantener los servicios de prevención de riesgos laborales, vigilancia, seguridad, personal, etcétera, necesarios pero no directamente vinculados a esta encomienda”.

Caballas planteó en varias ocasiones lo que entendía que era un lucro inexplicable con dinero público, la última vez en junio pasado. Entonces aportó otra carta a su argumentario: la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en marzo “establece de manera taxativa lo que hasta entonces era una recomendación del Tribunal de Cuentas: que los medios propios sólo perciban por las obras ejecutadas y los servicios prestados el coste efectivo soportado”.

Literalmente dice que las compensaciones a una empresa como Tragsa, que puede subcontratar hasta el 49% de un encargo, deben atender “al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas”.

Aunque el Ejecutivo local se resistió a ser contundente al respecto, organismos como el Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón ya estipularon hace años que “las retribuciones de la entidad encomendataria deben fijarse por referencia a tarifas aprobadas que deben fijar los costes reales” y que “en el caso de que se produzca una subcontratación, las bajas obtenidas en las licitaciones deberían trasladarse a la entidad encomendante”.