Los letrados de la Administración de Justicia en Ceuta han secundado en su totalidad el paro convocado para este miércoles y que tendrá continuidad mañana, jueves, para reclamar al Gobierno Central y al Ministerio de Justicia que se avenga a sentarse con el colectivo para actualizar sus salarios. De 12 letrados, 8 han parado. Los otros 4 están en servicios mínimos, pero firmaron el acta de huelga. Entre otros, han recibido incluso el apoyo de magistrados que han pasado por la concentración que habían convocado a las puertas de los juzgados en Serrano Orive.
Su historia es que llevan 13 años con una congelación de los complementos. Según ha explicado uno de los letrados, Andrés Díaz, en funciones de portavoz del colectivo en Ceuta, ha recordado que en 2010 (entonces con una crisis económica mundial) mostraron su responsabilidad y asumieron dejar la cuestión paralizada. 13 años después la mano que tendieron a la Administración se ha convertido en brazo y continúan igual. Y hasta aquí les duró la paciencia.
Porque además hay un agravante. En la Ley de Presupuestos Generales de 2021 se conminaba al Gobierno a proceder a esa “adecuación salarial” que reclaman. En marzo de 2022 la situación sigue igual. Se hizo esa adecuación salarial para el resto de funcionarios de Justicia y se les mejoró el complemento específico en 195 euros, con reconocimiento y atrasos desde 2021. Pero ellos aún no han visto ni tan siquiera eso.
“Es verdad que ha habido momentos y pospusimos nuestros intereses, pero es que siempre en un mundo moderno, acelerado y global, siempre habrá acontecimientos que nos puedan decir, no es el momento, pero es que nuestra paciencia ya se ha colmado”, ha explicado Díaz de forma preventiva ante el probable argumento del Gobierno de que la guerra de Ucrania lo ha vuelto a poner todo patas arriba como ya hizo la pandemia. Tanto así que el Gobierno está llamando en los últimos días a un pacto salarial a la baja a los agentes económicos y sociales.
La huelga estaba convocado en toda España. Y si el Gobierno no muestra voluntad de negociación con el colectivo en la primera semana de abril, antes de Semana Santa hay convocadas otras 3 jornadas de paro. De facto se paralizaría la Administración de justicia durante dos semanas, dado que se sumaría al habitual parón de Semana Santa, la semana previa (la blanca).
A Díaz le parecen excesivos los servicios mínimos dictados por el Ministerio, pero cree que como es habitual se juega con eso para poder decir que la huelga la han secundado el 66 y no el 100 por 100 de los convocados. A pesar de esa protesta, ¿cuál sería la repercusión de esa paralización durante dos semanas o, incluso, si como avisan el Ministerio sigue sin escucharles, se llega a una huelga indefinida? La paralización de cuestiones que afectan a la ciudadanía.
“Los servicios mínimos que contempla el Ministerio son el Juzgado de Guardia, las cuestiones de violencia de género, el registro civil en las actas registrales que puedan causar perjuicio a la ciudadanía y las causas penales que conlleven presos o medidas cautelares y provisionales. El resto, paralizado. Eso que les acabo de decir es el 4-5 por ciento del trabajo diario. Si hacemos una huelga indefinida como somos los responsables de la documentación y de la fe pública judicial no se puede hacer ninguna resolución de las que nosotros dictamos. No se puede notificar ninguna resolución. Las resoluciones que jueces y magistrados pudieran dictar quedarían ahí, en el ordenador, porque en tanto en cuanto no las documentamos que es firmarlas, no pasa al modo definitivo y el funcionario tampoco puede notificar. La repercusión es paralizar. Se suspenden los juicios, los pagos... Hacemos muchísimos pagos a los ejecutantes. Todo eso se paralizaría y quedaría en suspenso”, ha explicado Díaz.
La demanda pasa por ser escuchados. El Gobierno da largas hasta ahora argumentando que las asociaciones no son quien para negociar, que esa representación legal corresponde a los sindicatos. El colectivo apenas está afiliado a los sindicatos generalistas y saben que en los intereses de estos pesan, por afiliación, mucho más el resto de áreas de la administración de justicia. Pero quieren que, como sucede en otros ámbitos, se les escuche como asociaciones, que el Ministerio se avenga a escuchar sus demandas e incluso a alcanzar acuerdos. “Es una cuestión de voluntad política”, ha insistido Díaz en varias ocasiones.
A esa supuesta negociación, si se llega, el colectivo llegará con el agravio de ver su salario sin adecuarse durante 13 años, con la foto del resto de los funcionarios cobrando ya ese incremento de 195 euros y habiéndolo percibido desde 2021, tal y como mandató al Gobierno la Ley de Presupuestos Generales de 2021. Pero con el temor a su vez, que la adecuación salarial que piden quede reducida porque el Ministerio meta esos 195 euros de complemento como parte de la misma.
Y es que en los 7 puntos de reivindicaciones que firmaron todos los letrados el pasado viernes, piden entre otras cosas, que se inicien "las reformas legislativas para el reconocimiento de nuestro derecho a una negociación colectiva propia".
Califican además de "vergonzoso" el acuerdo alcanzado con los sindicatos, para esos 195 euros, ya que consideran que está "negociado contra los intereses de los letrados de la Administración de Justicia".
El acuerdo que buscan lo quieren "escrito, tangible y ejecutable para seguir avanzando en este año y 2023 en la adecuación salarial". El objetivo final es la "equiparación real y efectiva con el resto de grupos A1 de la Administración General del Estado. Y otros cambios normativos como los que tienen que ver con la regulación de las sustituciones voluntarias, las remuneraciones de nuevas figuras creadas en la Administración que afectan a sus funciones, oposiciones regulares cada año y un impulso definitivo a sus condiciones laborales y organizativas.
No es la primera vez que realizan un paro para presionar al Gobierno a que mejore su situación:
