Ya es oficial: la Unión Europea ha anunciado que destinará una partida presupuestaria de alrededor de 500 millones de euros al régimen marroquí para que este vigile y controle sus fronteras terrestres con España en materia de inmigración irregular.

Se espera que el paquete, cuyo importe total se ha visto notablemente incrementado en comparación con el inmediatamente anterior a este, sirva para materializar el mencionado menester hasta el año 2027.

Este nuevo «pacto» contempla, además, un refuerzo en lo que a cooperación policial se refiere, así como una intensificación en la lucha contra las redes de trata de personas afincadas en toda la zona del Magreb.

En nuestra ciudad, la medida debería traducirse en una reducción en los episodios de saltos masivos a la valla del perímetro fronterizo de El Tarajal. Exactamente lo mismo aplicaría para Beni Enzar (Melilla), donde la gendarmería marroquí evitó, a finales del pasado mes de junio, que varios centenares de inmigrantes pisaran suelo español por medio de una actuación no precisamente exenta de polémica.

A pesar de que el acuerdo aún no se ha cerrado, ambos actores prevén dar por concluidas las negociaciones a lo largo del próximo otoño. Y es que, el reciente reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara por parte del Gobierno de Pedro Sánchez parece haber cerrado, definitivamente, la crisis diplomática en la que España y nuestro país vecino estaban sumidos de lleno.