La decisión del Gobierno de la Ciudad de someter la ejecución del programa de gratuidad de libros de texto, dotado con 1,2 millones de euros, al pago por parte del Estado de los 7,2 millones de la desalación de agua y el hecho fronterizo puede acabar teniendo muchas víctimas colaterales, no solo los miles de alumnos que se quedarán sin ser beneficiarios, sino también los cerca de 90 trabajadores del Convenio MEFP-Ciudad.

Así lo entiende el director provincial de Educación, Javier Martínez, que este martes ha recordado que dicho texto prevé literalmente "el desarrollo de un programa de gratuidad de libros para la adquisición y/o reposición de libros de texto y material didáctico, en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, en los centros de educación infantil, primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos de la Ciudad de Ceuta".

"Si el Gobierno de la Ciudad decide suprimir ese apartado o reducir su presupuesto", ha argumentado el directo provincial, "el Ministerio entenderá que se está de hecho denunciando el Convenio, por lo que habrá que analizar si se renueva y en qué condiciones, poniendo por tanto en riesgo a los cerca de 90 técnicos de integración social, mediadores, trabajores sociales y maestros de biblioteca e informática cuyos empleos sostiene".

El Ejecutivo local prevé rebajar de 1,2 millones a 400.000 euros la dotación económica del programa, con lo que solo atendería con cheques-libro a los estudiantes de 1º y 2º de Primaria.

Actualmente, según Martínez, la Ciudad aporta casi 3 millones al Convenio para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. La Administración estatal, por su parte, pone "aproximadamente un millón" incluidas toda sus adendas.