La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso interpuesto el año pasado por Javier Varga contra la resolución que, en enero de 2018, adjudicó a Antonio Ramírez la plaza de secretario general de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en el marco de un concurso específico para la provisión de puestos de trabajo vacantes.

Ahora el Ministerio deberá volver a convocar la plaza, según ha interpretado este veredicto el propio Varga.

El recurrente alegó que se habían producido varias vulneraciones legales en la tramitación y resolución del concurso, entre otras cosas por que el entonces director provincial, León Bendayán, era un cargo de designación política y "se decantó públicamente" por cubrir preferentemente mediante docentes el puesto de secretario general", además de profesarle "enemistad manifiesta tras el proceso judicial que concluyó con la nulidad del nombramiento de secretario general realizado a su instancia".

Varga también argumentó que "no cabe la participación de los sindicatos en los procesos selectivos en la Administración Pública a través de representantes nombrados por ellos" y que el puesto en liza "es administrativo, careciendo de carácter docente, como se desprende de las funciones que al mismo corresponden".

La sentencia ve "abocada indefectiblemente a nulidad" la resolución al haberse vulnerado el EBEP colocando a Bendayán, "un cargo de designación política", en la Presidencia de la Comisión de Valoración, pero aún así entra en las referencias del demandante sobre la presunta "parcialidad o enemistad" del ahora director general de la Ciudad..

Así, rechaza la alegación de parcialidad porque Varga estaba "en disposición de plantear los motivos que pudieron determinar su abstención o recusación" y tiene en cuenta que Bendayán fue de los miembros del órgano de evaluación que le otorgó una mayor puntuación.

El Ministerio ha sido condenado en costas, aunque el TSJA ha limitado a mil euros el importe máximo total que pudiera reclamarse a la Administración.