La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, ha dirigido una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para reclamar una revisión urgente de los protocolos actuales ante estas situaciones, que son "poco claros y efectivos"
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, ha dirigido una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para alertar sobre la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas mujeres guardias civiles víctimas de acoso sexual, y reclamar una revisión urgente de los protocolos actuales.
En la misiva, Benzina denuncia que las mujeres que forman parte del cuerpo de la Guardia Civil no cuentan con las mismas garantías de protección que otras trabajadoras de la Administración General del Estado y que, según ha trasladado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a la consejera, los protocolos internos resultan poco claros y efectivos, lo que provoca sensación de indefensión y temor a represalias entre las víctimas.
Lo recogía la asociación en un informe presentado el pasado mes de marzo en el que la asociación daba cuenta de las diferencias en dichos protocolos por acoso sexual o por razón de sexo entre la Guardia Civil y la Administración General del Estado; realizaba un recorrido por las últimas resoluciones en materia de acoso y ofrecía una propuesta alternativa.
La carta recoge además ejemplos concretos en los que las mujeres afectadas no reciben protección inmediata, ni apoyo psicológico adecuado, y se ven obligadas a seguir conviviendo profesionalmente con sus presuntos agresores durante largas investigaciones internas.
Benzina subraya que “todas las mujeres que desempeñan funciones públicas o en cuerpos de seguridad deben tener garantizado su derecho a un entorno laboral seguro y libre de acoso”. La falta de igualdad en la protección institucional, añade, “no solo vulnera sus derechos, sino que socava la confianza en las instituciones y en la lucha contra la violencia de género”.
La consejera ha pedido al Ministerio a revisar con urgencia los protocolos de actuación en estos casos y a garantizar el mismo nivel de protección para todas las trabajadoras públicas, independientemente del ámbito en el que desempeñen su labor.
