El informe de gestión avisa de escasez de personal administrativo, conflictos internos y partidas no recogidas en 2025 que llevarían el gasto muy por encima de los más de 21 millones que aparenta haber costado la sociedad municipal el pasado año
Las esperadas primeras cuentas de un año completo de funcionamiento de Servilimpce tampoco permitirán conocer si la municipalización es un éxito, al menos en el plano económico. El hecho de que la firma deba abonar de forma retroactiva la diferencia salarial con el nuevo convenio -aprobado tras el cierre del ejercicio- o que los vehículos no figuren a nombre de la compañía de limpieza, sino de Acemsa, hacen que las estadísticas de 2025 no sirvan para determinar si el ente sale realmente más barato que Trace.
Los documentos remitidos por el Gobierno al Consejo de Administración así lo reconocen. Al tiempo que dan cuenta de importantes problemas en el funcionamiento de la firma, tanto por falta de organización del personal administrativo, como por conflictos internos debidos a las condiciones laborales heredadas de la empresa privada. Todo ello ha ralentizado la firma de contratos, justificando por ahí el hecho de que apenas se hayan licitado compras, recorriendo otros vericuetos al filo de la norma.
La plantilla cuesta de momento 18.8 millones, pero será más
Un primer vistazo a las tablas que acompañan a las cuentas anuales de 2025 permite observar un coste de plantilla no excesivamente elevado para una compañía que cuenta con 471 trabajadores fijos y 252 aspirantes en bolsa. El gasto total fue de 18.791.798 euros, a los que hay que sumar algo más de dos millones adeudados al cierre del ejercicio en concepto de pagas extra.
Los salarios ascendieron a 16.774.615 euros, por 1.261.896 euros de gastos sociales. Además, la empresa consignó en provisiones para plantilla otros 755.284 euros.
Sin embargo, todas estas cuantías se refieren al convenio previo y el informe de gestión deja a las claras que los costes serán más altos y se aplicarán de manera retroactiva, incluyendo el año 2025 al que se refiere la cuenta. "La aprobación del Convenio se ha producido como un 'hecho posterior' pero con efectos retroactivos desde enero de 2025, lo que supone que la partida de gastos de personal se vería incrementada sensiblemente y que deberá deducir del beneficio del ejercicio mediante los correspondientes ajustes contables", subraya uno de los documentos de la empresa a los que ha tenido acceso este medio.
Beneficios y un coste aproximado de 21 millones, con gato encerrado
El resultado del ejercicio, sin entrar en profundidad, parece francamente positivo, arrojando unos beneficios de 4.4 millones de euros que básicamente salen de haber recibido algo más de 25 millones en subvención de la Ciudad Autónoma y haber gastado poco más de 21. Sin embargo, esto, también tiene truco.
Además de la partida de personal, que acabará siendo sensiblemente más grande, la firma no ha incluido el coste de los nuevos vehículos de la firma. Estos fueron comprados a través de Acemsa y siguen siendo titularidad de la compañía del agua. De hecho, el auditor externo afea en su informe que la Ciudad no haya respondido a su requerimiento de información al respecto, apreciando en su coste e impacto en las cuentas un posible foco de incorreción material.
La compañía reconoce en su informe de gestión que Servilimpce es aún "una sociedad en construcción" y que a pesar del tiempo transcurrido desde su fundación, un año y medio, "no se han podido regularizar e incorporar elementos básicos de la estructura empresarial; ni avanzar en otras cuestiones fundamentales de su teórica estructura de gastos".
El Ejecutivo justifica los lentos tiempos en la decisión plenaria de crear una sociedad nueva y aplicar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, asumiendo íntegramente una unidad productiva en funcionamiento a la que se debían incorporar nuevos elementos adquiridos a través de terceros. "La consecuencia final es que Servilimpce comienza a funcionar sin inmovilizado; haciendo uso de una parte (fundamentalmente vehículos) entregada a la Ciudad por el anterior concesionario del servicio; otra parte bajo la titularidad del adquirente (Acemsa); y, por último, las 'instalaciones provisionales' mientras se ejecuta la nueva base del servicio con una inversión superior a los 8 millones de euros", apunta el informe.
"La causa de que esta situación se mantenga inalterada a 31 de diciembre de 2025 hay que buscarla en la ralentización (cuando no inexistencia) de los procedimientos administrativos pertinentes en la Ciudad y escapan, por completo, a las posibilidades de la sociedad. Hasta la fecha no se ha adscrito a la sociedad todo el inmovilizado que está sirviendo de hecho a la actividad de la empresa, incluyendo las instalaciones provisionales", añade el texto, en el que se menciona que el inventario de la firma apenas incluye equipos y programas informáticos. "Este hecho explica que las 'dotaciones a la amortización' presenten una cantidad insignificante que no se corresponde con la realidad económica".
Patrimonio trabaja actualmente -y presuntamente desde hace tiempo- en regularizar esta situación que cambiaría considerablemente la positiva cuenta de resultados: "Hubiera presentado un saldo sensiblemente menor", reconoce la Administración local.
Un volumen de "deudas excesivo" e incumplimiento de periodos de "pago legales"
Otro aspecto llamativo en las cuentas tiene que ver con la deuda de la firma de limpieza. Esta alcanza los 3.440.999 euros, de los que dos millones son pagas extras adeudadas al personal; 553.850 euros han de pagarse a acreedores; 155.390 euros a proveedores y 632.387 a administraciones públicas.
El informe de gestión argumenta que las deudas se deben principalmente a la escasez y falta de organización en el área administrativa de la compañía. Algo que ha llevado a alcanzar un periodo de pago medio de 49 días.
"Un tercer elemento que afecta a la gestión en el funcionamiento de la empresa ha sido la falta de organigrama en el área administrativa, también como consecuencia del tránsito del ámbito privado al público. La estructura administrativa durante el año 2025, ha estado conformada por doce personas con contratos subrogados, con categorías peculiares al margen del Convenio Colectivo, sin funciones ni jerarquías documentalmente definidas", espeta el texto que acompaña a las cuentas.
"Esto en parte ha generado que no se haya podido tramitar en tiempo los contratos mayores de servicios durante 2025 y como consecuencia no se han podido hacer frente al pago de las facturas por los servicios prestados generando un volumen de deudas excesivo reflejado en los datos contables e incumpliendo los periodos de pago fijados legalmente", concluye el texto.
