La Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta (PIDOCE) ha decidido sumarse "representando a los empleados públicos en fraude de ley de Ceuta" a la manifestación convocada para el próximo sábado en Madrid por el colectivo de empleados públicos "en abuso de temporalidad", a la que están llamados los trabajadores "interinos, temporales, personal laboral y estatutario que ejercen sus funciones en todas las Administraciones del Estado".

"Se realiza para protestar por el abuso de la temporalidad que ha existido durante años en todos los sectores públicos y que ahora, por requerimiento de la Unión Europea, se quiere estabilizar sin tener en cuenta a las personas afectadas por este abuso", ha explicado este lunes PIDOCE en un comunicado.

Los interesados en sumarse desde Ceuta a la cita pueden contactar vía Whatsapp con el número 619 013 119. El plan pasa por partir el viernes a las 20.00 horas en autobús desde Algeciras y salir desde Madrid el sábado a esa misma hora para embarcar en la primera rotación de las navieras del domingo hacia la ciudad autónoma. El coste rondará, en función del número de apuntados, los 35 euros.

La movilización busca concienciar al nuevo Gobierno central de la necesidad de aplicar la Directiva 1999/70/CE, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, "algo que no han hecho los anteriores", y de que "establezca los mecanismos necesarios para que los damnificados por estos incumplimientos legislativos puedan consolidar sus puestos de trabajo".

PIDOCE ha recordado que la Abogada General de la Unión Europea dictaminó el pasado año que las personas que pierdan su puesto de trabajo por la convocatoria de oposiciones "se considerarán como despidos improcedentes y deberán ser indemnizados por ello, más los daños y perjuicios sufridos, con el gran coste para las arcas públicas que esto puede suponer".

El próximo 19 de marzo se publicará la sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esclarecerá si en España se han incumplido los acuerdos europeos, y en ese caso, dilucidar cómo debe el Estado arreglar esta situación. Esta esperada sentencia, sobre la que se pronunció la Abogada de la Unión, puede suponer "un gran punto de inflexión para la solución del problema de la temporalidad en las Administraciones Públicas en todos sus estamentos".