La plantilla no esencial de la Ciudad, que nunca se ha cuantificado en cifras dentro de sus aproximadamente 1.300 empleados (sin contar el sector periférico), volverá a sus puestos de trabajo desde el próximo lunes y hasta el 8 de junio con "flexibilidad" en los horarios de entrada y salida. Así lo han pactado el Gobierno y los sindicatos. Los consejeros y directores generales decidirán, a propuesta de los respectivos jefes administrativos, el orden de las incorporaciones y los turnos rotatorios que se puedan establecer “atendiendo a las necesidades de servicio y a criterios debidamente motivados”.

El cronograma de la desescalada de la Ciudad Autónoma prevé que entre el 11 y el 24 de mayo “se reincorporará como máximo un tercio de la plantilla de la unidad administrativa correspondiente” y que siempre que sea posible se pondrán en marcha un sistema de “rotación del personal”. Del 25 de mayo y el 7 de junio deberían estar de vuelta, en esas mismas condiciones, “dos tercios como máximo de la plantilla de cada unidad administrativa”, rotando igualmente si es factible hacerlo. Finalmente, el segundo lunes de junio “se reincorporará el resto de la plantilla”.

Estos tres plazos no variarán “salvo que haya una evolución desfavorable de la COVID-19 determinada por el Gobierno de la Nación” y siempre que se cumplan dos condiciones: no podrá realizarse ninguna de las fases de incorporación “sin que se respete el mínimo de 2 metros de distancia entre los empleados públicos" (para evitarlo se crearían turnos con criterios objtivos de reparto del trabajo) y “se deberán adoptar todas las medidas preventivas” recogidas en el Protocolo para la Prevención de Riesgos Laborales por Exposición al Coronavirus.

Los trabajadores de grupos de riesgo (es decir, embarazadas, mayores de 60 años y afectos de distintas dolencias (hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, inmunodepresivos y pacientes oncológicos en tratamiento) tienen que tramitar su baja laboral y volverán presencialmente “cuando se determine según las recomendaciones sanitarias por la evolución de la COVID-19”.

No podrá realizarse ninguna de las fases de incorporación “sin que se respete el mínimo de 2 metros de distancia entre los empleados públicos"

El personal que permanezca en su domicilio “por el cumplimiento de un deber inexcusable” de los contemplados en el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público (que prevé permisos por exámenes, fallecimientos, mudanzas...) y “debidamente acreditado” volverá a sus puestos “cuando desaparezca la causa que lo motivó”.

La utilización de lectura biométrica implantada para el control de entradas y salidas del puesto de trabajo seguirá “en suspenso” sin perjuicio de su sustitución “por otras formas que no impliquen contacto físico repetido de diversas personas con un dispositivo”.

En los puestos de atención al público, además de dotarse de las medidas preventivas de las unidades administrativas, estarán equipados de mamparas de protección. Además, se deberá limitar el aforo, y, en caso de que sea posible, la atención al público será “a través de cita previa”.  También se deberá poner a disposición del público, en los mencionados puestos,  solución de gel hidroalcohólico y papel desechable.

Flexibilidad horaria y teletrabajo

El plan establece que hasta que se vuelva a una situación de normalidad habrá una “flexibilización horaria” tanto en la entrada como en la salida de los empleados públicos con el fin de “evitar aglomeraciones en las horas punta”. En concreto, el horario de entrada se fija entre las 7.45 y 9.00 horas. El de salida, de 14.15 a 15.30. La jornada laboral de los empleados públicos, será de 35 horas semanales, y  partir del 1 de junio hasta el 30 de septiembre se reducirá una hora diaria, en los términos del Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo.

La Ciudad seguirá, no obstante, "fomentando el teletrabajo” y comprando más licencias (no tiene más de 150) para hacerlo posible. La organización actual del personal que dispone de esa herramienta será revisada. A tal efecto se priorizará que se queden en sus casas “tanto los empleados públicos catalogados como grupos de riesgo (tras su alta médica preceptiva), como los que permanezcan en su domicilio por el cumplimiento de un deber inexcusable o cualquier otra causa legal justificada”.

Igualmente se tendrá en cuenta a aquellos empleados públicos que actualmente dispongan de licencia y por aglomeración de personal no sea posible respetar la distancia mínima de metros” en su puesto y  “todos los que hayan tenido riesgo  por contacto estrecho con posibles transmisores de la COVID-19”.