Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam sostienen que el Gobierno recurre a derivaciones y “eufemismos administrativos” para encubrir la falta de especialistas en salud mental infantil
Los senadores del Partido Popular Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam acusan al Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, de dejación y grave incompetencia en la gestión de la psiquiatría en Ceuta, especialmente en la atención infanto-juvenil. Los representantes populares basan su denuncia en la respuesta oficial del Gobierno a varias preguntas parlamentarias sobre la situación de los especialistas en salud mental en la ciudad autónoma.
Según exponen, el propio Ejecutivo reconoce que Ceuta ha atravesado periodos prolongados sin psiquiatras en activo en el sistema público. A su juicio, el Ministerio intenta presentar esa situación como coyuntural e imprevisible, pese a que ha obligado durante meses a externalizar la asistencia y a recurrir a derivaciones para sostener la atención.
Derivaciones y continuidad asistencial
Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam consideran especialmente grave que el Gobierno mantenga que la atención psiquiátrica infanto-juvenil no se ha visto interrumpida en ningún momento. Ambos senadores sostienen que los datos oficiales evidencian que menores han sido derivados fuera del circuito público ordinario, con cambios de profesional y ruptura de la continuidad asistencial.
“Derivar no es garantizar la atención; es reconocer que el servicio público no podía prestarse con medios propios”, afirman los senadores del PP, que interpretan estas actuaciones como un parche ante la falta de especialistas estables en la ciudad.
La respuesta del Ejecutivo, siempre según trasladan, admite que al menos 99 expedientes de pacientes infanto-juveniles fueron reprogramados mediante derivación en un periodo concreto, hasta el 13 de octubre de 2025. Díaz y Abdeselam subrayan que no se aportan datos posteriores ni se aclara cuántos menores han seguido siendo derivados desde entonces.
Nueva pregunta parlamentaria
Ante esa falta de información, los dos senadores han registrado una nueva iniciativa en el Senado. Su objetivo es conocer cuántos expedientes de menores han seguido siendo derivados desde el 14 de octubre de 2025 hasta la actualidad, cuántos han tenido que salir fuera de Ceuta y cuántos han cambiado de profesional como consecuencia de esta gestión.
“Si el Gobierno solo facilita datos hasta una fecha concreta y guarda silencio sobre lo ocurrido después, es porque no quiere o no puede explicar la dimensión real del problema”, advierten.
A su entender, el reconocimiento parcial de expedientes derivados evidencia una grave falta de transparencia por parte del Ingesa, que ofrece cifras cerradas en un momento determinado pero, según sostienen, evita informar sobre la evolución real de una situación que consideran no resuelta.
Críticas al modelo de atención
Los senadores también rechazan que el Ejecutivo llegue a sostener que no es preciso disponer de psiquiatras infanto-juveniles. “Si no eran necesarios, ¿por qué el propio Ingesa reconoce que habitualmente se asignan dos psiquiatras a esta atención? Lo que ha quedado demostrado es que, cuando esos profesionales faltaron, no existía ningún plan eficaz de sustitución”, señalan.
Además, reprochan que el Gobierno no concrete fechas, contratos ni perfiles de los especialistas anunciados, limitándose, según indican, a referencias genéricas a la planificación de recursos humanos. “No hay compromisos verificables ni garantías de que esta situación no vuelva a repetirse”, afirman.
Díaz y Abdeselam recuerdan que la sanidad en Ceuta es competencia directa del Estado. “Eso no es coordinación sanitaria: es la prueba de que el Ingesa no ha sabido planificar ni proteger un servicio esencial”, sostienen, en relación con el recurso a conciertos, derivaciones o apoyos externos de otras comunidades.
Los representantes del PP reclaman al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y adopte medidas estructurales para dotar a Ceuta de un dispositivo público estable de psiquiatría infanto-juvenil. Reclaman profesionales suficientes, presencia efectiva en la ciudad y garantías de continuidad asistencial para los menores.
Reclaman profesionales suficientes, presencia efectiva en la ciudad y garantías de continuidad asistencial para los menores.
