El Grupo Parlamentario Socialista instará al Gobierno de la Ciudad, (GPS) en el próximo Pleno de la Asamblea, a que estudie y ponga en marcha el Servicio de Mediación Familiar para las familias o unidades de convivencia en dificultades, instaurado en todas las comunidades autónoma excepto en Ceuta y Melilla.

Para el GPS, existe una necesidad, por parte de la Administración Autonómica, de iniciar las actuaciones necesarias para dotar a Ceuta, dentro del ámbito de actuación de la Consejería de Asuntos Sociales, de un Centro de Mediación Familiar, ya que Ceuta y Melilla son las únicas regiones donde hasta la fecha no se ha implementado este recurso.

La Unidad de Mediación Familiar solicitada dependería de la Consejería de Asuntos Sociales tendría entre sus funciones garantizar la puesta en marcha del servicio de mediación; divulgar, facilitar y promover el conocimiento del servicio, dado que es un servicio nuevo y poco conocido por la población.; gestionar el registro de Mediadores familiares en Ceuta.

El ámbito de aplicación de la medición familiar está en expansión; en diversas Comunidades Autónomas hay leyes regulatorias más recientes que abarcan temáticas novedosas sobre leyes anteriores. La propuesta para Ceuta sobre las temáticas a tratar pasaría por procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio; la relacionadas con el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, cuestiones relativas al derecho de alimentos, obligación de alimentos entre parientes y cuidado de personas en situación de dependencia, la relación de personas menores de edad con sus pariente; conflictos surgidos entre la familia acogedora, persona acogida y familia biológic; gonflictos surgidos entre la familia adoptante, el hijo o hija adoptado y la familia biológica en la búsqueda de orígenes de la persona adoptada; disolución de parejas de hecho.

El PSOE apunta a que la mediación se configura no sólo como un procedimiento de gestión de conflictos, en el que las partes enfrentadas acuerdan que una tercera persona cualificada, imparcial y neutral, les ayude a alcanzar por sí mismas un acuerdo, sino también como un instrumento dinámico capaz de crear una cultura pedagógica que mejore la convivencia, y así, resolver el conflicto que las enfrenta, sin necesidad de someterlo a una autoridad judicial.

Los socialistas basan su propuesta en que el artículo 39 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos e hijas, cualesquiera que fuese su filiación. Y, por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Ceuta garantiza, en su artículo 13, la protección y asistencia social, a la vez que dispone la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia, que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución.