Susana Román no ha esperado al jueves para defenderse de los ataques de Caballas y disipar las muchas dudas que los líderes de los localistas habían lanzado a la opinión pública este miércoles al mediodía. Sí, Obimace va a realizar parte de los trabajos de las obras de la Marina, tal y como estaba previsto ya desde el 2012, ha recordado la consejera de Fomento y responsable del proyecto.

Según sus explicaciones ya en el año 2012 tras conocer la sentencia judicial que daba la razón a los vecinos de la Marina y obligaba a la Ciudad Autónoma a asumir el coste de reparación de la impermeabilización de la calle, la Consejería de Fomento realizó una encomienda a Obimace para que asumiera los trabajos de reparación. Fue entonces cuando “Obimace se encontró con que se la iba de las manos por capacidad la ejecución de la obra descrita en la sentencia y se acordó que una parte se ejecutara directamente y que la parte más importante se realizara por licitación pública”, ha explicado Román, para aclarar qué es exactamente lo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad.

Y eso sería justo lo que se recoge en el documento firmado con los vecinos extra judicialmente. “Porque por lo que estábamos tardando en ejecutar la sentencia no confiaban en que la Ciudad fuera a hacer finalmente las obras y exigieron garantías y que eso se llevara a un documento judicial”, ha aclarado Román.

Para la consejera con esa explicación está aclarada la polémica suscitada por Caballas este miércoles. “La realidad es que la obra se va a terminar en plazo y en precio y que es una obra de calidad para los ceutíes”, ha manifestado Román. “Una obra linda de la que estoy satisfecha aunque me vaya a costar la salud. Y eso es lo que quedará al final, más allá de la polémica, la obra. Lo que les ha pasado es que se han paseado por la Marina y han visto lo bonita que está quedando”, ha zanjado Román.

Minuta de 300.000 euros

Sobre los 300.000 euros de la minuta del abogado de la parte de los vecinos que la Ciudad debe pagar en concepto de Ejecución de Sentencia, Román ha aclarado que se ha pedido la impugnación de la misma por considerarla “desorbitada”. Un procedimiento que ha enmarcado dentro de la normalidad de los procesos judiciales y que al final será el juez y el secretario judicial sobre la base de un informe del Colegio de Abogados quién decida cuánto y cuándo tiene que pagar la Ciudad por las costas de ejecución de setencia.

Ilegalidad en la firma

Román no cree tampoco que haya cometido una ilegalidad firmando un acuerdo con los vecinos y lo ha sacado el mismo y la firma del ámbito administrativo para circunscribirlo al judicial, donde era ella la responsable ante el juez –“llegué a estar apercibida de un delito de desobediencia por la tardanza en cumplir la sentencia y la presión de los vecinos”, ha recordado–.

“No hay decreto firmado, no hay acuerdo del consejo de Gobierno, no hay ningún acto administrativo”, ha apuntillado Román. “Yo no le voy a dar clases de derecho procesal a nadie, pero Alí sabe igual que yo que para pedir la anulación de algo que está en el juzgado tendrá que presentarse allí, no en la Ciudad”, ha dejado caer Román.

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