El Gobierno no prorrogará el estado de alarma, que decaerá la medianoche del sábado al domingo, pero a través de un Real Decreto Ley aprobado este martes permitirá que las autonomías mantengan medidas que afecten a derechos fundamentales (como el toque de queda nocturno o el confinamiento perimetral) siempre que cuenten con autorización judicial de su Tribunal de Justicia y, en último caso, del Supremo.

La Ciudad Autónoma sigue "estudiando" a través de sus Servicios Jurídicos si, con su rango institucional, podrá solicitar la imposición de ese tipo de restricciones en Ceuta al TSJA y, en caso de que lo rechace, apelar en casación al Supremo para que resuelva en cinco días.

El texto aprobado por el Gobierno pretende garantizar que todas las regiones puedan, cuando haya jurisprudencia, que se prevé pronto, aplicar las mismas medidas para luchar contra el virus si lo consideran necesario. Así se evitarán diferencias como las vividas el pasado verano, cuando los tribunales dieron respuestas dispares ante peticiones similares de los gobiernos autonómicos.

Según ha explicado el diario 'El País', cuando el decreto entre en vigor, "si un presidente regional solicita a su tribunal superior la aplicación de una medida que implique restricción de derechos fundamentales (como el toque de queda o el confinamiento perimetral) y los jueces se lo niegan, podrá recurrir ante el Supremo esa decisión". El objetivo es "que, en los próximos meses, el alto tribunal haya fijado criterio sobre en qué casos las comunidades o incluso el Gobierno central puede limitar derechos para combatir el virus sin que esté en vigor el estado de alarma".

Algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, quieren prorrogar el toque de queda más allá del sábado y se preparan para solicitar la autorización a la justicia. Con el decreto del Gobierno, podrán acudir al Supremo si su tribunal superior se lo rechaza. En el Ejecutivo central creen que este decreto "sí permitirá que las comunidades mantengan medidas como el confinamiento perimetral, siempre que cuenten con el aval de su tribunal o la casación posterior del Supremo".

El Consejo de Ministros también ha prorrogado hasta el 9 de agosto algunas medidas del escudo social que estaban sujetas al estado de alarma como la prórroga de la suspensión de desahucios o la prohibición de cortar los suministros de gas, luz y agua a las familias en situación más precaria. Además, ha extendido la suspensión de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre.