La respuesta, hecha pública el martes 22, ha sido calificada por el colectivo como un intento de desviar la atención, desacreditar al profesional sanitario y disfrazar la gravedad de lo que está ocurriendo
Mientras Ceuta cumple cinco días sin ningún psiquiatra en activo, la máxima representante del Gobierno en la ciudad, Cristina Pérez, responde con reproches, acusaciones infundadas y desvío de responsabilidades. El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) considera inaceptable que, en lugar de tomar decisiones inmediatas para restaurar la asistencia en salud mental, se haya optado por señalar a quienes han pedido ayuda en nombre de los pacientes.
La respuesta, hecha pública el martes 22, ha sido calificada por el colectivo como un intento de desviar la atención, desacreditar al profesional sanitario y disfrazar la gravedad de lo que está ocurriendo. En lugar de recibir apoyo o compromiso por parte del Gobierno, el sindicato ha tenido que escuchar y leer acusaciones falsas que pretenden politizar una denuncia que nace exclusivamente desde la responsabilidad médica y la desesperación de esta situación.
La carta registrada el pasado lunes por el sindicato alertaba de un escenario que ya es real: desde el viernes 18 de julio no hay un solo psiquiatra presencial en toda la ciudad. Sin atención en urgencias, sin seguimiento hospitalario, sin especialistas en consultas. La única respuesta institucional ha sido ofrecer derivaciones a la península y recursos privados, medidas provisionales que no resuelven el fondo del problema ni garantizan la continuidad asistencial.
Es especialmente indignante que la Delegada haya intentado minimizar la situación recurriendo a una comparación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), argumentando que en Andalucía también hay falta de especialistas. El SMC recuerda que Ceuta no es Andalucía, ni una comunidad autónoma más, sino un territorio bajo la administración directa del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad. Por tanto, la responsabilidad de esta crisis recae directamente en el Gobierno central.
El SMC recuerda que ninguna otra ciudad está actualmente con cero psiquiatras en activo y que Ceuta no necesita comparaciones, necesita soluciones. Justificar el abandono asistencial con una carencia generalizada es, a juicio del colectivo, un mensaje peligroso y una forma de normalizar lo que nunca debería aceptarse.
El sindicato considera inadmisible que, sabiendo que Andalucía sufre también un déficit estructural en salud mental, la solución ofrecida por el Estado sea precisamente derivar pacientes a un sistema ya sobrecargado. Y se pregunta si esta deriva asistencial —sin refuerzos, sin recursos y sin profesionales públicos— no está alimentando deliberadamente un discurso en favor de la sanidad privada, a la que ahora se recurre como tabla de salvación.
No hay cobertura presencial para urgencias psiquiátricas, no hay seguimiento hospitalario ni atención especializada en consultas externas. Mientras tanto, se están derivando funciones críticas a médicos no especialistas, lo que compromete la seguridad de los pacientes y puede tener consecuencias legales para los profesionales forzados a asumir tareas que no les corresponden.
Contra la narrativa institucional
El sindicato rechaza tajantemente la narrativa institucional que ha intentado desviar el foco hacia una supuesta intencionalidad política. El colectivo asegura que la única intención era y es proteger a los pacientes, evitar negligencias y exigir que Ceuta cuente con los medios humanos que merece. Mientras todo esto ocurre, se acusa de intencionalidad política a quienes levantan la voz como médicos, no como portavoces de ninguna ideología.
Las medidas anunciadas por Ingesa y la Delegación, como las derivaciones a la península o los acuerdos externos, no son soluciones. Son parches. Y, lo que es peor, no abordan el problema central: Ceuta sigue sin psiquiatras presenciales. Ni uno.
El SMC advierte que no aceptará ni el silencio institucional ni el intento de convertir en conflicto político lo que es una demanda médica y urgente. Exigir médicos no es un gesto de presión, ni una petición extraordinaria: es una obligación profesional, ética y moral. Las familias afectadas no necesitan excusas, necesitan soluciones. Y si denunciar un vacío asistencial que pone en riesgo vidas se quiere disfrazar de discurso político, lo preocupante no es la denuncia, sino que se haya olvidado que se está hablando de pacientes, no de estrategias. Levantar la voz por quienes no pueden hacerlo nunca debería ser motivo de reproche, sino un deber, porque la Sanidad está para cuidar, no para ser callada.
El colectivo insiste en que no es el sindicato el que está al límite, son los pacientes. Y si a eso se responde con reproches, el problema es mucho mayor de lo que parecía. Si no hay voluntad de reforzar lo público, si se prefiere derivar, privatizar y callar a quienes defienden a sus pacientes, entonces el problema no es solo de gestión, es de modelo. Y Ceuta merece otro.
El Sindicato Médico de Ceuta concluye recordando que cuando la política sustituye a la medicina, los que pagan son siempre los mismos: los enfermos.
