Solidaridad Ceuta muestra su apoyo a la huelga general convocada por los trabajadores interinos de la administración para este jueves, 28 de octubre, y reclama una estabilización urgente de sus puestos de trabajo. El sindicato rechaza el decreto ley que será aprobado por el Gobierno de Sánchez, más conocido como el ‘Icetazo’, y advierte de que “es inadmisible que miles de trabajadores, tras muchos años en la administración, tengan que verse abocados a perder su puesto de trabajo sin ser justamente recompensados”. 

“Los interinos no pueden pagar las malas prácticas de la administración, ni de la clase política”, afirma Solidaridad, que recuerda al gobierno estatal y a los autonómicos que “deben cumplir con su deber y estabilizar verdaderamente a los funcionarios interinos”. Y es que, señala el sindicato, son los diferentes gobiernos del PP y del PSOE, tanto en Moncloa como en las autonomías, los que “han causado esta situación”. Por ello, Solidaridad incluso exige “la inhabilitación de todos aquellos políticos que han ocasionado esta penosa situación”. 

Para el sindicato, es prioritario estabilizar a todos los interinos. Si no fuera posible, Solidaridad reclama “una verdadera indemnización” y no la pactada con los sindicatos de de 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades, a todos aquellos que no logren superar el concurso-oposición diseñado por Función Pública. “Ante lo que consideramos el mayor ERE de la historia de España, exigimos una indemnización sancionadora y disuasoria de 66 días con un máximo de 48 meses”, afirma el sindicato para reprochar a la izquierda que critique la reforma laboral, pero la apliquen. 

Sobre la situación en Ceuta, el coordinador territorial de Solidaridad, Juan Sergio Redondo, recuerda que el alto nivel de interinidad “afecta de lleno a la administración pública”. “Tanto en la Ciudad Autónoma, donde hasta la fecha seguimos sin Relación de Puestos de Trabajo (RPT), como en los organismos dependientes de la administración del Estado, siendo especialmente grave la situación en áreas como la del Ministerio de Educación o Justicia, donde el número de interinos que prestan sus servicios en la ciudad es muy elevado”, lamenta.

Por último, Solidaridad insiste: “Los 800. 000 interinos en fraude de ley, cumpliendo con las directrices europeas, deben convertirse en personal fijo”. “Hay que proteger a los trabajadores como pilar básico para la construcción de una España fuerte y soberana”, apostilla el sindicato.