Los desencuentros entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía por la reforma laboral han hecho correr ríos de tinta. En segundo plano se ha quedado otro desencuentro interno del Gobierno de la nación no menos grotesco, el que afecta al de Hacienda y el de Justicia y ha provocado, por el momento, que 15.000 trabajadores de todo el país apuesten por movilizarse, también los de Ceuta, según ha informado a través de un comunicado este viernes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Y es que según ha explicado el sindicato, el Ministerio de Hacienda ha bloqueado el acuerdo que había alcanzado el de Justicia con su plantilla para la equiparación salarial de los funcionarios del departamento en las diferentes regiones que no tienen las competencias de Justicia transferidas a las administraciones autonómicas. Tal sería el caso de Ceuta y Melilla, pero también de Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, Murcia y Extremadura además de los propios servicios centrales del ministerio.

15.000 trabajadores públicos que iban a ver mejorada su retribución entre 80 y 195 euros mensuales en función de su categoría y con efecto retroactivo desde el uno de enero de este año. La equiparación salarial a sus compañeros de otras autonomías suponía una masa salarial de 31 millones de euros.

Y ese acuerdo lo ha bloqueado el Ministerio de Hacienda. El primer paso, tal y como anuncia CSIF será una concentración en cada territorio de los delegados sindicales el próximo 15 de noviembre, a la que seguirá una manifestación en Madrid el día 20.

El Ministerio de Justicia tras el bloqueo del acuerdo por parte de quien tiene la llave de la caja, Hacienda, ha regresado a la mesa de negociación con una “contraoferta de Hacienda”, según cita CSIF que es peor que el acuerdo previo ya alcanzado.

Aplaza la cantidad mensual acordada a tres plazos en los años 2022, 2023 y 2024. Dicho de otro modo, consagra la desigualdad salarial entre regiones en el departamento de Justicia otros 3 años. Elimina además de un plumazo el carácter retroactivo desde enero de este 2021 y que iba a suponer una paga de atrasos para los funcionarios. Además de cara al futuro suprime a su vez el compromiso de negociación de la carrera profesional durante 2022.

Obviamente, las organizaciones sindicales, no sólo CSIF, han rechazado la contraoferta de un modo absoluto y reclaman el cumplimiento del acuerdo ya alcanzado con el Ministerio de Justicia. Al tiempo que tumban el argumento principal de Hacienda recordando que ese ministerio estaba al corriente de lo que se negociaba y acordaba desde el primer momento.