Los nueve trabajadores y trabajadoras sociales cuyo contrato temporal expiraba este jueves se han concentrado frente al Palacio Autonómico para protestar contra su despido, que, además, deja sin finalizar el trabajo para el que se las contrató: resolver los más de 500 expedientes de repatriación de menores, de los que Marruecos solo ha devuelto 75. 

Para CGT, que ampara a los trabajadores y trabajadoras afectadas, esta ha sido una “actuación infantil del Ayuntamiento”. “Hemos denunciado a la Inspección de Trabajo y tomaremos medidas legales”, advierten, pidiendo que la “cordura impere y se proceda a rectificar ipso facto habida cuenta de la imperiosa necesidad de estos profesionales tras haber respondido Marruecos a una pequeña parte (75) de las más de 700 solicitudes de información sobre las circunstancias sociofamiliares en origen de menores extranjeros no acompañados llegados a la ciudad autónoma en mayo cuando Ceuta recibió a más de 1.300 del país vecino”.

Prescindir de estas trabajadoras, alertan, “supone un auténtico despropósito institucional ante la necesidad imperiosa de esos informes previos y la carencia real de plantilla de trabajadoras sociales en el Ayuntamiento. (…) Nos dicen que la Ley no permite hacer otro contrato, y eso no es así”, añade.

E insisten en que de “589 informes que hemos emitido a Delegación del Gobierno y ellos a Marruecos, han contestado a 75 informes, ahora, ¿quién va a responderlos sin trabajadores sociales?”

Ellas insisten en que “la necesidad sigue existiendo”: “Fuimos contratadas el 21 de septiembre por un periodo de dos meses, luego se hizo una prórroga de 1 mes y un nuevo contrato que finaliza en la fecha 31 de marzo, pero en nuestras bases reguladoras pone que nuestra situación se mantendrá hasta que hayamos cumplimentado un mínimo de un año con el conjunto de los sucesivos contratos”, ha explicado Karima Hayek como portavoz.