Los puentes entre la Ciudad Autónoma, entre el Gobierno de Vivas, y Trace parecen definitivamente rotos tras un año de tiras y aflojas a todos los niveles con el Grupo Makerel y sus socios. El Pleno aprobó la semana pasada con el voto a favor del PP a una propuesta de Caballas para buscar la ruptura del contrato de limpieza pública viaria y recogida de basuras, a ser posible por las buenas, pero la concesionaria no ha dado tiempo a más puestas en escena.

La Administración autonómica ya tiene en su poder el documento en el que la UTE reclama formalmente la rescisión del contrato del que se hizo cargo en febrero de 2013 por 150 millones de euros durante una década. Y no lo lo pide por las buenas.

Según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, todo lo contrario. Trace acusa a la Ciudad de haber incumplido los términos del mismo, con lo que le correspondería abonar la correspondiente indemnización, y amenaza con emprender acciones penales por distintos delitos, entre otros el de prevaricación, contra los funcionarios que han avalado durante más de un año la detracción de más de tres millones de euros en sus certificaciones.

La empresa lleva meses advirtiendo que el contrato firmado debe llevar aparejada una evaluación por resultados, por si la ciudad está o no limpia, y no sometido a un régimen en el que se le impone cuántos barrenderos y dónde deben estar cada día, que es la evaluación que ha venido realizando el Gobierno desde junio de 2017 (hasta entonces estaba satisfecha con todo) para quitarle dinero a la empresa de sus facturas.

El consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, firmó ese nuevo protocolo de control el 29 de abril pasado, un día antes del inicio de la penúltima huelga convocada, pero nunca se aplicó. El portavoz del Ejecutivo ni siquiera sabía hace una semana cuándo se había rubricado y alegaba que no había habido tiempo para aplicarlo. Antes de salvar el útlimo paro, el Gobierno tragó hasta con cambiar a los técnicos responsables del contrato, aunque el PP dice que ha sido porque se les necesitaba en otras áreas.

A los nuevos responsables les parece que, efectivamente, la empresa tiene razón: que las detracciones no se han hecho correctamente. La Ciudad deberá hacer frente, si el conflicto judicial que se augura se materializa, a una reclamación millonaria en concepto de lucro cesante con responsabilidad culpable para la Administración.

Sobre los funcionarios, hace un año (se cumple este viernes), la empresa lanzó una alerta expresa a “los técnicos firmantes” en el sentido de la “posible responsabilidad” en la que podrían incurrir “al detraer las mentadas cantidades siendo este un contrato de concesión y siendo el destino de los fondos en casi su totalidad para el pago a los trabajadores”.