El Tribunal de Cuentas (TCu) considera que la Ciudad Autónoma “debería poner en práctica los Acuerdos adoptados por el Pleno para modificar los Estatutos de las sociedades municipales con el objetivo de aumentar la transparencia y eficiencia en la gestión económico-financiera realizada por la Ciudad” y que “se deberían revisar y clarificar los objetos sociales de empresas municipales que gestionan competencias de Urbanismo, Vivienda y gestión del agua con el fin de evitar duplicidades de actuaciones y competencias solapadas entre Consejerías y estas entidades, así como para que estas últimas reflejen los gastos totales de los servicios que prestan”.

"Siguen sin llevarse a cabo", lamenta sobre el sector público periférico, "los compromisos de los Acuerdos Plenarios de febrero y diciembre de 2014 en los que, tras dejar sin efecto el proceso de reestructuración como consecuencia de la estimación de varios recusos de reposición, se expresó la voluntad de seguir avanzando en la racionalización de medios mediante la adopción de resoluciones tendentes a actualizar objetos sociales, establecer planes de gestión por objetivos, configurar una RPT de cada entidad y tender a la homogeneización de las condiciones laborales preservand los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

También cree el TCu que la Ciudad tendría que “precisar con más detalle” en los convenios que suscribe con distintas entidades para la concesión de ayudas directas “los conceptos de gasto subvencionables”, así como exigir “estudios económicos que justifiquen los importes financiados”. Así lo repite en su ‘Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta’ del ejercicio 2016, aprobado el pasado 20 de diciembre y recién remitido a las Presidencias del Congreso y del Senado.

En el documento, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Ceutaldia.com, se refiere que "las deficiencias y debilidades evidenciadas en las actuaciones de comprobación de la justificación de las subvenciones analizadas exigen una evaluación de los procedimientos aplicados”.

El órganod de fiscalización también opina que “la imputación presupuestaria de las subvenciones y ayudas otorgadas debe registrarse de acuerdo con su naturaleza” y que “deberían incrementarse los controles financieros sobre las ayudas y subvenciones concedidas”.

El Gobierno local publicó en marzo del año pasado un Plan Estratégico de Subvenciones que establece que “con carácter general” se tienen que conceder “en régimen de concurrencia competitiva” pero que todavía contempla la concesión directa en tres supuestos: para “las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad”; para “aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal”; y, “con carácter excepcional”, para aquellas otras “en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras para las que quede debidamente acreditada la dificultad de su convocatoria pública”.

Entre las recomendaciones del órgano fiscalizador se encuentra, un año más, que “debería solicitarse nuevamente la provisión de los puestos de interventor y secretario de habilitación nacional para su inclusión en los concursos unitarios que anualmente celebra el Ministerio de Administraciones Públicas” y que “debería confeccionarse un Registro de Personal en el que consten todos los actos que afectan a la vida administrativa del personal de la Ciudad”.

También ve “recomendable” la elaboración de “manuales de procedimiento y normas de organización y funcionamiento especialmente en las áreas de Intervención y Contabilidad” e “incluir a todas las entidades participadas mayoritariamente por la Ciudad en los estados consolidados del Presupuesto”.