El TSJA corrige al Gobierno judicial de Ceuta por dictar una instrucción fuera de sus competencias

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado una instrucción interna dictada en 2021 por el Secretario de Gobierno de los juzgados de Ceuta, Jesús Esteban Pavón, al considerar que no tenía competencia para imponerla. La medida obligaba a los letrados de la Administración de Justicia a rellenar de forma periódica determinados datos y, según el tribunal, se adoptó al margen del procedimiento legal establecido.

Esta resolución judicial, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, deja sin efecto en su totalidad la Instrucción 1/2021, de 9 de febrero, tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado de la Administración de Justicia Andrés Díaz López. Concluye que el Secretario de Gobierno se excedió en sus atribuciones al imponer la cumplimentación “programada y sistemática” de determinadas plantillas de datos estadísticos a los letrados de la Administración de Justicia.

Límites competenciales

El TSJA delimita de forma clara las facultades de los órganos superiores del cuerpo y señala que “una elaboración de plantillas de datos a cumplimentar de manera programada y sistemática que no se corresponde con los criterios uniformes fijados por el órgano competente no puede estimarse conforme a derecho”. El tribunal añade que, aunque dichas medidas puedan responder a “finalidades debidamente consideradas”, estas pueden obtenerse por otras vías de control e información y siempre con referencia a datos estadísticos oficiales.

Con esta argumentación, la Sala declara la nulidad de pleno derecho de la instrucción, lo que implica que carece de validez jurídica desde su origen.

Un momento clave para la Justicia

La anulación de la instrucción se produce en un momento especialmente sensible para la organización judicial. España se encuentra inmersa en la implantación del nuevo modelo previsto en la Ley Orgánica 1/2025, que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia y redefine el funcionamiento de la Oficina Judicial.

En este contexto, la Secretaría de Gobierno adquiere un papel central, al ser la encargada de elaborar los protocolos de actuación que regirán la nueva estructura y que tendrán un impacto directo en el servicio público de justicia.

Malestar entre los letrados

Varios letrados y letradas de la Administración de Justicia en Ceuta han expresado su preocupación por la forma en que se está abordando esta transformación. Según trasladan, no están en contra de la Oficina Judicial que se pretende implantar, recordando además que Ceuta funciona desde 2013 con el modelo de Nueva Oficina Judicial. Sin embargo, critican que el proceso se esté llevando a cabo sin la suficiente participación del personal afectado.

A su juicio, la implantación del nuevo servicio común “podría haberse hecho de forma sencilla, mediante reuniones informativas y participativas, como ya se hizo en 2013”, evitando tensiones innecesarias. “Sobran alforjas para tan corto viaje”, resumen gráficamente.

Llamamiento a la participación y al diálogo

Los letrados subrayan que el objetivo debe ser siempre mejorar el servicio público de justicia y consideran que la gestión actual “no es idónea” si no se apoya en la transparencia, el diálogo y la implicación de quienes deben aplicar el nuevo modelo en su trabajo diario.

De cara al próximo nombramiento del Secretario de Gobierno de Ceuta, previsto en el marco de la reorganización judicial, ponen el acento en la importancia del perfil elegido. Más allá del conocimiento técnico, destacan la necesidad de contar con una persona que reúna “capacidad, talante, empatía y ecuanimidad”, en definitiva, “auctoritas”, para liderar con éxito una reforma llamada a marcar el futuro de la Justicia en la ciudad.