INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA
El TSJA decidirá si Vivas, Carreira, Deu, Hachuel y Salcedo deben devolver más de 200.000 € cobrados "indebidamente"
01 marzo 2017 13:40 h.
Todo puede ir a peor. En medio de la tormenta del 'caso Emvicesa', al Gobierno de Vivas se le abre otro frente judicial de la mano de Ciudadanos (C's), que ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para impugnar la Base de Ejecución de los Presupuestos que sostiene el pago a los funcionarios en servicios especiales de la indemnización por residencia.
En esa situación están, además del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, los consejeros Mabel Deu, Emilio Carreira y Jacob Hachuel; y la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocío Salcedo. Desde esta semana, también Javier Celaya.
Si el TSJA avalase las tesis de C's, que estima que se trata, a la luz del Estatuto Básico de la Función Pública, de un concepto que solo pueden cobrar los empleados públicos en servicio activo y ocupando una plaza en la ciudad, el presidente y sus tres consejeros funcionarios podrían tener que devolver lo percibido durante los últimos cuatro años, el plazo máximo de retroactividad, "unos 300.000 euros" según calcula Javier Varga, solo en el caso de Vivas alrededor de 71.000 euros.
Además, diez directores generales (Rebeca Benarrock, Juan Manuel de la Torre, Francisco Díaz, Miguel Ángel Escamilla, Juan Antonio Hidalgo, Emilio Lozano, Francisco Navas, Manuel Sánchez, José Manuel Sánchez y María Teresa Troya) estarían en la misma situación de haber recibido "cobros indebidos" si se encuentran "en servicios especiales y perciben indemnización por residencia", aunque Varga ha admitido que todavía no conoce al detalle sus casos.
"Esto viene de la época del GIL, que fue el partido que introdujo estos pagos pese a que los funcionarios en servicios especiales solo tienen derecho legal a seguir cobrando los trienios, como de hecho sucede con los empleados públicos que proceden del Estado, a los que es la Ciudad la que paga la indemnización", ha ejemplificado Varga.
Para Ciudadanos, el PP ha mantenido esta "interpretación interesada" porque así las remuneraciones que oficialmente se asignan a los políticos no parecen tan altas. Por ejemplo en el caso de Vivas, a su 'sueldo' estrictamente dicho suma unos 1.300 euros al mes en concepto de residencia, con lo que completa 87.534,14 euros brutos al año, una de las sumas más altas de cualquier presidente autonómico del país, por encima hasta de Rajoy.
"Sería un sinsentido pagar una indemnización al alcalde de Ceuta por serlo y hemos pedido informes a la Secretaría General y al Interventor al respecto, que no nos han contestado, pero en su momento también tendrían que asumir responsabilidades por haber permitido esta situación", ha hilvanado el diputado 'naranja'. La única que ha respondido a Cs ha sido la anterior consejera de Hacienda, Susana Román, alegando que el Pleno decide libremente las retribuciones de los miembros del Gobierno. "Nosotros no cuestionamos la capacidad de la Asamblea para fijar las remuneraciones pero lo que no se puede hacer es pagar como indemnización por residencia", ha contrapuesto Varga.
