La Sección I de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sentenciado que "el límite legal impuesto" en lo que a número de trabajadores eventuales en la Ciudad se refiere "resulta claramente aplicable y no puede exceder de 25", igual que el número de miembros de la Asamblea, "y ese es el verdadero motivo que determina la anulación del Acuerdo impugnado [por UGT] en cuanto mantiene la creación de la plazas de eventuales por encima del máximo legal impuesto por el art 104 bis de la Ley de Bases de Régimen Local".

El veredicto da otra vuelta a de tuerca a la eterna duda de si la Ciudad es "una entidad local" sin más, como parece entender esta vez el TSJA, o una entidad con mayor capacidad de autoorganización que un simple Ayuntamiento.

El sindicato ha aplaudido a su abogado, Ramón Lladó, y se ha congratulado porque "ha taponado una vez más otra de las vías de agua por la que el presidente Vivas dilapida buena parte del dinero que recauda con nuestros impuestos, pagando sueldos a correligionarios cuyo único mérito es el de militar en el PP".

"Parece que le interesa vivamente mantener que nuestra Ciudad es una autonomía con el único y exclusivo fin de montar una macrocefálica administración en la que pueda situar con el único esfuerzo de su mágico dedo a quién el pretenda premiar por sus méritos de partido", ha denunciado.

El TSJA ha querido ir más allá del argumentario de la dictada en primera instancia sobre la anulación de 23 nombramientos para asesorar al Gobierno y la oposición, que se basaba en falta de motivación para la ampliación del número de eventuales hasta casi cincuenta, y ha lamentado que el juez dejase "imprejuzgada" la "cuestión principal" cuando podría haber "evitado" que "después de cinco años continúe la ilegalidad denunciada".