Los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG han convocado a los trabajadores de la prisión de Ceuta como organizaciones mayoritarias en el establecimiento penitenciario de Fuerte Mendizábal a que este miércoles y este vienes "participen masivamente de la primera jornada de huelga para instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral que desde hace más de un año mantenemos con la Administración".

En un comunicado conjunto este martes han vuelto a subryar "la necesidad de abordar una negociación real tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que nos fue retirada tan solo tres días después bajo el argumento de restricción presupuestaria y que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021".

Los trabajadores de prisiones están "absolutamente indignados" porque entienden que "desde la administración se nos ha faltado al respeto, por lo que que hemos convocado una serie de medidas de presión que darán comienzo este miércoles con el primero de los seis días de huelga en el centro penitenciario de Ceuta, así como en el conjunto de centros dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y que se extenderán a lo largo de los meses de octubre (24 y 26) y noviembre (6, 8, 13 y 15)".

"Consideramos que el dialogo que iniciamos con el actual partido en el gobierno así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos generales ha quedado truncado", han lamentado las centrales, que exigen que el Gobierno "vuelva a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados y empleadas de prisiones a las reales cargas de trabajo".

"Sin personal suficiente la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda", han advertido los sindicatos, que consideran "abusivos" los servicios mínimos dictados, "que nos impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como lo es el de huelga".