En primer lugar, los técnicos señalan en el informe que la oferta de Vitra no se ajusta a los plazos marcados para el inicio de las obras, algo que según el abogado de la cooperativa no es cierto, ya que en el pliego se hace referencia al inicio de las obras a los seis meses desde la licencia, que ha de solicitarse a los tres meses de la escrituración, por lo tanto un plazo máximo de nueve meses, frente a los ocho que recoge en su oferta la cooperativa.

Algunos de los criterios baremados han sido el número de viviendas de tres o más dormitoriso o la construcción de armarios empotrados en todas las habitaciones, ya que se trata de cuestiones no previstas ni incluidas en el pliego de condiciones. Asimismo, se le achaca a Vita que haya proyectado 190 garajes para 214 viviendas, dejando sin aparcamiento la parcela 1M2. Sin embargo, esta parcela no cuenta con acceso rodado por lo que los coches no podría entrar en el aparcamiento. Vitra alega que ha asumido para esta parcela un proyecto elaborado por un arquitecto, premiado en un concurso por la propia Emvicesa, que no incluye aparcamiento tras consulta con los propios técnicos municipales, por lo que siguen los criterios de la sociedad municipal, que a la hora de premiar este concurso no valoró negativamente la no inclusión de plazas de garaje, algo que sí ha hecho en la oferta de Vitra. 

Otro de los criterios negativos que se le achaca a la oferta de Vitra es la no inclusión de paneles solares o calentadores de agua. La empresa recuerda en este caso que en el momento de redactar los proyectos habrá una normativa que obligará a la instalación de ambos dispositivos, por lo que su inclusión en el proyecto era redundante, ya que sin su presencia no se podría obtener la correspondiente licencia de obra. Además, la cooperativa indica que en la oferta de Vial se ha valorado la iclusión de ventilación cruzada en las viviendas, que también incluye la oferta de Vitra, aunque en este caso sin embargo no se ha realizado mención alguna.

Por todos estos motivos, Vitra solicita al juzgado que declare nula y sin efecto la resolución de la Consejería de Fomento, se anule la adjudicación de terrenos y se ordene una nueva baremación que tenga en cuenta las consideraciones denunciadas.