El Ministerio Público ha anunciado que recurrirá la absolución de cinco empleados de Emvicesa, procesados en el mayor escándalo urbanístico de la ciudad. La decisión se basa en una posible mala interpretación de los hechos y la normativa aplicable
La Fiscalía ha comunicado a la Audiencia Provincial su decisión de recurrir la absolución de cinco trabajadores de Emvicesa, procesados en el marco del ‘Caso Emvicesa’, una de las tramas urbanísticas más relevantes de la ciudad. No obstante, el Ministerio Público ha descartado interponer recurso contra el resto de las sentencias, incluida la que condena a Antonio López a cinco años de prisión.
Fuentes no oficiales adelantaron a este medio en la tarde de ayer la intención de presentar el recurso, información que fuentes internas de la Fiscalía confirmaron esta mañana. El Ministerio Público ha anunciado que interpondrá un recurso de casación por infracción de ley, argumentando posibles errores en la apreciación de los hechos o en la aplicación normativa.
Durante la vista oral, los cinco empleados de Emvicesa se enfrentaban inicialmente a penas de prisión por prevaricación y falsedad documental. Sin embargo, la acusación se redujo posteriormente a una solicitud de multa y suspensión como cooperadores necesarios por falsedad imprudente.
Fallo judicial y fundamentación del recurso
El pasado 11 de diciembre, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz absolvió a los cinco acusados: Isaac Medina, Salvador Vera, Manuel García, Juan Manuel Zaragosí y Teresa Sánchez. A pesar de ello, la Fiscalía ha decidido impugnar esta resolución, manteniendo su postura de que los trabajadores incurrieron en una falsedad imprudente.
El ‘Caso Emvicesa’ ha evidenciado deficiencias significativas en la gestión de la vivienda pública en Ceuta, destacando la falta de transparencia y rigor en la administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa). La ausencia de claridad en los procedimientos y la documentación insuficiente impidieron al Tribunal determinar la implicación de varios cargos políticos en la trama, lo que derivó en la absolución de figuras como Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Ali.
La sentencia resalta la complejidad del caso y el ambiente propicio para la corrupción en la asignación de viviendas protegidas. Entre los factores que facilitaron estas irregularidades se mencionan la falta de delimitación clara de funciones entre Emvicesa, la Comisión Local de Vivienda y las consejerías de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como la carencia de documentación precisa sobre órdenes de trabajo. También se identificaron conflictos personales y laborales dentro de la empresa, además del uso discrecional de las viviendas de protección oficial para atender problemas sociales específicos.
A pesar de reconocer la existencia de una estructura que permitía estas irregularidades, el Tribunal no logró identificar con certeza a los colaboradores directos de López dentro de la empresa. La sentencia concluye que, aunque el fraude es evidente, no se pudo determinar con precisión quiénes participaron activamente en él.
Fundamentación de la absolución
La opacidad en el funcionamiento de Emvicesa también quedó reflejada en la absolución de los empleados Isaac Medina Rodríguez, Salvador Vera Olea, Manuel García Pérez, Juan Manuel Zaragosí Mariscal y Teresa Sánchez Alechaga. Durante el proceso, las acusaciones argumentaron que Antonio Javier López Fernández no podría haber llevado a cabo su actividad ilícita en la asignación de viviendas protegidas sin la colaboración de empleados de Emvicesa. No obstante, el Tribunal subrayó la inconsistencia de las declaraciones de los acusados, quienes, en su mayoría, evitaron responder a las preguntas durante el juicio oral.
A pesar de estas dudas, el fallo concluye que la falta de pruebas contundentes impide formar una convicción definitiva sobre la culpabilidad de los empleados. El Tribunal considera que, si bien las circunstancias apuntan a una posible cooperación interna, estas sospechas no son suficientes para sostener una condena firme acorde con las tesis de la Fiscalía.
El recurso de la Fiscalía busca revertir esta absolución y reforzar la responsabilidad de los empleados en la trama de corrupción urbanística que sacudió a la ciudad.
