La investigación judicial del bautizado como Caso Emvicesa, que mantiene en prisión al ex gerente de la sociedad municipal, Antonio López, desde el pasado 15 de febrero, habría abandonado el ámbito de actuación de Loma Colmenar, donde la jueza y la policía han repasado las actuaciones de adjudicación en las tres promociones, las 225 (las de colores), las 170 (las blancas tras el hospital) y las 317 (verdes), para saltar a otras promociones de vivienda pública. En concreto la de viviendas protegidas de alquiler para jóvenes de Serrano Orive, según ha podido confirmar Ceutaldia.com de fuentes de Emvicesa. La sociedad ha tenido que remitir los expedientes de las cuatro promociones antes mencionadas al Juzgado de Instrucción Número 3 de Ceuta, que lleva esta investigación bajo la lupa de Raquel Lucini, magistrada adscrita al Número Uno.

Las 45 viviendas protegidas de Serrano Orive se adjudicaron mediante sorteo público. Se celebró en el polideportivo Díaz Flor el 9 de julio de 2008, siendo ya gerente de Emvicesa Antonio López y Francisco Márquez, predecesor de López en la gerencia, el máximo responsable político de la empresa, como presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

Las 45 VPO de Serrano Orive estaban destinadas a jóvenes en régimen de alquiler. Se pagaba unos 130 euros mensuales por vivienda y los contratos tenían una duración de 5 años. Tras ese periodo se podían prorrogar 5 años más, pero para ello se debía cumplir con el requisito de seguir siendo joven, menos de 35 años.

La gestión de la promoción ha vivido de manera casi permanente en la polémica. Entre las intenciones de Emvicesa de venderla (a pesar de que la Ley obliga a que durante 30 años, hasta 2039, el uso debe estar destinado a jóvenes). Una idea que ha sobrevivido a los cambios de legislatura y sigue vigente. o las irregularidades detectadas contra las que no se actúo con contundencia. Ya en 2014 la propia Gerencia, Antonio López, reconoció en un Consejo de Administración de la sociedad haber encontrado 12 incumplimientos entre los adjudicatarios que eran razón para la rescisión de contrato, aunque se desconoce que cursara actuación posterior al respecto. Al menos hasta esta legislatura. En enero de este año, Fomento informó de que había logrado recuperar 6 viviendas y estudiaba el caso de otras 15.

En ese “vox populi” y no tan populi del que hablaba la jueza en el auto en el que levantó el secreto de sumario, en esta promoción se sabe que han mantenido la vivienda personas que han residido por trabajo varios años fuera de la ciudad o que han transmitido la ocupación de la vivienda a terceras personas. Algo que reconoció la propia Emvicesa en aquel consejo de administración de octubre de 2014, sin que se sepa haya tenido consecuencias, habida cuenta de que no hubo ningún otro proceso de adjudicación para llenar las viviendas que deberían haberse quedado libres al sacar a los inquilinos que no tenían derecho a ocuparlas.

Es una más de tantas situaciones extrañas que se han venido dando en la gestión de la vivienda pública en Ceuta en los últimos años ante la pasividad de los responsables políticos de Emvicesa y del propio Gobierno a quien el Pleno de la Asamblea instó a crear un servicio de inspección para revisar quién estaba viviendo realmente en la viviendas públicas que se habían adjudicado en los últimos años, sin que conste, al menos de forma pública, que la petición aprobada por el Pleno haya tenido una traducción en actuaciones reales.

Ahora será la Justicia la que dirima si las irregularidades, cuando menos permitidas, desde la administración son constitutivas de algún tipo de delito o no. La documentación obra ya en manos del Juzgado y está sumada al Sumario del Caso.