Consideran que la grabación de sus conversaciones con sus clientes, que tenían el teléfono pinchado, vulneran su derecho a una comunicación confidencial para trazar una estrategia de defensa adecuada

Barruntaban en Fiscalía que habría batalla para mantener en el sumario los pinchazos telefónicos en los que se ancla, más allá de la prevaricación, el Caso Emvicesa, que busca esclarecer toda una red de compraventa de adjudicaciones de viviendas públicas. Y acertaron de pleno. Según ha podido conocer Ceutaldia.com, al menos una de las defensas estudia ya, tras acceder al sumario, bajo secreto hasta el pasado Viernes de Dolores, solicitar formalmente la anulación de todo el proceso o cuanto menos los pinchazos telefónicos después de encontrarse la desagradable sorpresa de ver las transcripciones entre abogados y clientes.

Para esa defensa consultada por Ceutaldia.com hay al menos “dos irregularidades en las escuchas”. Una, en el ámbito “muy protegido” de la “intimidad de las personas” dado que se recogen trozos de conversaciones que consideran que nada aportan al esclarecimiento de los hechos investigados, que atañen a aspectos íntimos de la vida de las personas y que vulnerarían ese derecho. Y otra, que les preocupa más: “Las escuchas a los abogados con sus clientes hablando sobre la estrategia de defensa”.

Un derecho que está protegido en las leyes procesales al máximo nivel de garantía y que incluye hasta el “secreto de confesión” para garantizar la defensa efectiva y con las máximas garantías de cualquier acusado.

En el sumario, la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO) ha incluido en varias ocasiones conversaciones telefónicas entre el principal investigado, Antonio López, y su abogado Juan Alinquer, hablando sobre la causa en la que está inmerso y sobre la existencia o no de novedades, entre otros asuntos.

No es el único, el locuaz, Jesús González Barceló, habla tras declarar ante la jueza con su letrado, preocupado por haber manifestado que le pidió a Vivas en 2010 que cesara a Antonio López porque “estaban vendiendo las casas”, una preocupación que se recoge a lo largo de más de 11 minutos de conversación entre el cliente y su letrado y que sirvió a la Policía únicamente para deducir cierta preocupación por parte de González Barceló en quedar mal con Antonio López, lo que podría significar para los investigadores que tiene algo que ocultar.

El mismo González Barceló, antes de designar a su actual abogado defensor, cuando tan sólo había recibido la notificación que le citaba a declarar en el juzgado el 4 de enero como investigado en la causa por prevaricación contra Antonio López, habló con otro abogado, familiar suyo, en varias ocasiones para pedirle asesoramiento. Esas conversaciones también están incorporadas al sumario. Después llamó al letrado de la Ciudad Autónoma, tras consultar el asunto con la secretaria general del PP, Yolanda Bel, de nuevo la conversación está recogida en el sumario.

No son los únicos hechos del curso del procedimiento que han sido cuestionados tanto por los abogados como por los acusados. En la cúpula política implicada en el caso sentó muy mal que fueran detenidos, cuando entienden que por su función de cargos públicos hubiera bastado con una citación formal, como se ha hecho en otros múltiples procedimientos, para que acudieran a declarar al juzgado como investigados. Un espectáculo público que en parte contribuyó a redoblar la atención de la opinión pública sobre el caso y que muchos aún hoy siguen sin entender por innecesario. De hecho, a gran parte de los investigados en la causa, la red de clientes que supuestamente pagaron por las casas, el grupo más numerosos en el procedimiento fueron en su mayoría citados a declarar sin ser detenidos en las semanas posteriores al paso por los juzgados de Román, Mohamed y Alí.

El propio levantamiento de sumario en Viernes de Dolores a última hora de la jornada y en vísperas de una semana prácticamente inhábil en Serrano Orive fue llamativo para muchos letrados también, pero peor aún les parece que a muchos de los letrados ni les llegara la supuesta prórroga del secreto de sumario dictada por la jueza dos días antes.

La vulneración de la confidencialidad en las comunicaciones entre los abogados y sus clientes fue precisamente lo que le costó la carrera judicial a Baltasar Garzón, a pesar de que en aquel caso, y conocedor de la excepcionalidad de la medida, sustentó la prórroga de las escuchas en indicios de que los abogados de los principales encausados en la trama Gürtel ayudaban a mover las enormes sumas de dinero que tenían los investigados en el extranjero, casi todos en Suiza. Unos indicios que después se fueron confirmando en algunos casos cuando Garzón ya había sido inhabilitado como juez.