CASO EMVICESA

"Hay que evitar cachondearse de la gente"

"Hay que evitar cachondearse de la gente"
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Román secundó a Aróstegui en que había que dar más "transparencia" a la adjudicación de VPO.

Hay decisiones que, por acción o por omisión, cambian el rumbo de la historia. El runrún permanente de la supuesta corrupción con las viviendas públicas podría haber seguido siendo un comentario entre compadres. Susana Román y Rabea Mohamed podrían seguir siendo consejeras. Quizá Ceuta no hubiese vivido casi dos semanas, y lo que queda, pendiente del desfile de arrestados por la puerta lateral de la Jefatura Superior de la Policía Nacional si el Consejo de Administración de Emvicesa hubiese cumplido lo que acordó. Mucho antes de todo esto, hace dos años y un mes, pudo cambiar todo pero de alguna forma primaron las elecciones y de aquellos polvos vinieron estos lodos.

El 27 de enero de 2015, en la por aquel entonces denominada Sala de Juntas de la Gerencia de Infraesturcturas y Urbanismo (GIUCE), se reunieron, según consta en el acta a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Ceutaldia.com, cuatro de los 24 detenidos esta semana y la pasada: Susana Román, que presidía el Consejo; Rabea Mohamed, que era su vicepresidenta; Antonio López, como consejero delegado de la sociedad; Carolina Pérez (por el PP); José Antonio Carracao (PSOE); Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui (Caballas); el interventor y la secretaria general de la Ciudad Autónoma. Justificó su ausencia Adela Niepto e invitada por la Presidencia acudió Magdalena Moreno.

Con el quórum suficiente, los presentes analizaron la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Ciudad y, antes de liquidar la "recuperación" de una VPO en el Monte Hacho "aún no escriturada ni abonada", llegaron al punto con más sustancia del Orden del Día, “las actuaciones a acometer a efectos de la transparencia en la próxima adjudicación de las 317 VPO de Loma Colmenar”.

Entre otros pasos se planteaba “actualizar el Registro de Demandantes de Vivienda”, “publicar el censo”, “convocar a la Comisión Local de la Vivienda”, etcétera. Aróstegui abrió el debate con una petición clara: “Hay que evitar cachondearse de la gente”, exigió el diputado de Caballas, que también dijo que “es necesario acabar con la sospecha generalizada de corrupción en la adjudicación de viviendas públicas”.

Román fue, según el acta, la única que le tomó la palabra asegurando que ella era “la primera interesada en la transparencia”. Ante su invitación a plantear “propuestas”, Aróstegui enumero tres concretas. La primera, que se hicieran públicos “al detalle” todos los “compromisos adquiridos sobre las nuevas viviendas, así como los pendientes de permutas, realojos, Servicios Sociales, etcétera”. La segunda, que se publicase el número de casas que, de forma efectiva, se terminarían adjudicando, así como “los criterios de selección de los adjudicatarios”. Finalmente, abogó por adjudicar las viviendas “por sorteo puro entre las personas cuya renta no sobrepase determinado límite”.

“No podemos reírnos de la gente”, reiteró el localista tras reivindicar “la actualización de los criterios de adjudicación”. El Consejo pactó volver a verse en tres semanas para recopilar las ideas que, con el fin de ganar en transparencia y limpieza, aportase cada Grupo y elevar posteriormente un acuerdo al Pleno si fuese necesario modificar el Reglamento vigente.

Ese cónclave programado para celebrarse “a partir del 16 de febrero” nunca llegó a celebrarse. La campaña de las elecciones de mayo se echó encima y el Gobierno dijo que lo de las 317 VPO quedaba para la siguiente legislatura. A finales de junio se divulgó la ‘lista fantasma’ que, previa denuncia del Gobienro, ha deparado decenas de detenciones e imputaciones..

"Desde hace algunos meses", alertó Caballas un mes después, "circula el rumor de que los aspirantes a ocupar una casa de Loma Colmenar se estaban viendo 'obligados' a pagar a determinados individuos supuestamente vinculados a Emvicesa y nos han llegado innumerables testimonios dando crédito a esta aseveración, por lo que tenemos la certeza de que esto ha ocurrido aunque es difícil obtener las pruebas ya que las personas extorsionadas son muy reacias a la hora de acudir al juzgado".

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