15.000 Y 20.000€

Dos testigos protegidos declararon pagar a un comercial de López y recibir la tarjeta de demandante de Vivienda

Dos testigos protegidos declararon pagar a un comercial de López y recibir la tarjeta de demandante de Vivienda
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Uno de los intermediarios trabajaba como vigilante de seguridad en las 317

Ambos quisieron comprar la adjudicación de viviendas en las 317 y a ambos la tarjeta que expide Emvicesa se la entregó el supuesto intermediario de Antonio, que nada tenía que ver con la empresa municipal. Uno de ellos además acreditó el movimiento del dinero en su banco.


El rumor de que se vendían viviendas públicas bajo cuerda cobra visos de realidad en la instrucción judicial del Caso Emvicesa hasta detalles minúsculos. Según se recoge en el sumario resumido en la investigación de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO), dos testigos protegidos declararon ante la instructora del caso, la magistrada Raquel Lucini haber pagado a uno de los intermediarios de Antonio López, 15.000 euros en un caso por una vivienda de más de dos dormitorios y 20.000 en otro, por cuatro inmuebles, se trataba de un clan familiar. Ambos pagaron al mencionado intermediario, Abdelasis, al menos así lo declaran a la jueza y ambos recibieron en el momento del pago su tarjeta como demandantes de vivienda, único requisito a cumplir para poder proceder al apaño, según se recoge en la instrucción.

Y en ambos casos el detonante para su paso al frente judicial es que no aparecieron reflejados en la lista fantasma, aunque sí algunos familiares suyos, que supuestamente no estaban involucrados en la operación.

Abdelasis le reconoció al primero de los testigos protegidos que “era intermediario de Antonio López y que existían varios intermediarios más”, según se recoge en el informe de la Policía que obra en el Sumario. Y el propio comercial le reconoció que lo que estaban haciendo “no era legal”, según su testimonio, “pero que era lo habitual para conseguir una vivienda, y que llevaba mucho tiempo haciéndose en Emvicesa”.

El propio comercial le explicó al hipotético cliente que “el dinero entregado iba a parar a Antonio López, quedándose Abdelasis una parte en concepto de comisión”, recoge la Policía Nacional al resumir la testifical del testigo protegido en sede judicial.

Como en cualquier negocio de compra venta el comercial les estableció los precios de las opciones: 8.000 euros para una vivienda de dos dormitorios y 15.000 para viviendas mejores. Este primer testigo protegido tras pensarlo sacó dinero en dos ocasiones de su libreta de BBVA, 15.000 euros, según aportó como prueba al juzgado. En septiembre de 2014 el testigo protegido en compañía de su mujer y en su propio domicilio abonó ese dinero al comercial, que en ese momento le entregó la tarjeta de solicitante de vivienda. Un hecho cuanto menos insólito de comprobarse como veraz, que sea una persona ajena a Emvicesa, la encargada de entregar la tarjeta que acredita como demandante de vivienda ante la sociedad pública.

Pero es similar a lo que le sucedió a otro testigo protegido que fue captado por otro comercial de la supuesta trama, Ali Frugui, al que pagó 20.000 euros por hacerse con 4 viviendas. Y también a él, pero en este caso este otro comercial le hizo entrega de la tarjeta de solicitante de vivienda en el momento del pago. Él, sus dos hijas y su sobrina aspiraban a mudarse a las 317.

A ambos los dejaron tirados con la publicación de la lista fantasma, al menos a medias. El primer testigo protegido tras no verse reflejado en el listado que apareció en El Pueblo de Ceuta trató de ponerse en contacto con el comercial, que le refirió en un primer momento que “era una argucia de Antonio López”, para pedirle después que dejara de buscarle, cuando se había ido a Marruecos. Ese testigo protegido refiere a los investigadores que a raíz de las pesquisas para localizar al vendedor se enteró que otras 30 personas estaban en su misma situación.

Aunque en el caso del clan familiar no aparecieron los que supuestamente habían pagado para hacerse con una vivienda, pero sí la cuñada del patriarca del clan que efectúo los pagos y otra sobrina distinta de la que realmente había pagado por la vivienda. Lo que la policía considera “la prueba final del acuerdo llegado a cabo por el principal investigado y los intermediarios con los ‘clientes”, certifica la Policía Nacional en su informe. Y es que de la lectura del informe policial queda claro que en más de una ocasión la forma de actuación era precisamente esa, la de meter en el listado final como adjudicatario a un familiar directo de quién realmente había hecho la gestión o había pagado.

Dos testigos protegidos declararon pagar a un comercial de López y recibir la tarjeta de demandante de Vivienda


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