El Servicio de Museos publica este martes el anunció de la licitación de un contrato de 5.564 euros para el traslado de las esculturas de Elena Laverón. Pero no se van todas, una se queda. Y es que el concurso contempla “embalaje, transporte y recogida” de diez de las once obras que se exhiben en el Paseo de la Marina desde el pasado mes de mayo.

El anuncio de licitación no especifica cuál es la escultura que se queda en Ceuta y cuáles las que zarpan rumbo a Benalmádena (Málaga) pero es fácil suponer que la elegida es ‘Solidaridad’, obra que la Ciudad anunció su intención de adquirir por 165.000 euros (la mitad de su valor gracias a un generoso descuento, alegó el Gobierno) para cumplir así con el acuerdo plenario que proponía un monumento al inmigrante. La obra elegida por el Gobierno para rendir tributo a los migrantes, formada por cuatro figuras humanas abrazadas, mide 2,5 metros de alto y 2,65 de ancho y puede verse en la Plaza de la Constitución, a los pies del Edificio Trujillo.

Una compra que concitó el desacuerdo unánime de la oposición, crítica con un gasto difícil de explicar en una ciudad con un tercio de su población en el umbral de la pobreza, y levantó una considerable polvareda mediática al descubrirse réplicas en otras ciudades con títulos diferentes. Una polémica que, para echar más leña al fuego, coincidió en el tiempo con la cesión gratuita de la artista de tres de sus obras al Ayuntamiento de Torremolinos, localidad en la que tiene una sala a su nombre en el Museo ‘Pablo Picasso’.

Una polémica que parecía haberse olvidado hasta que volvió si cabe con más fuerza al conocerse que la decisión de comprar la obra se topó incluso con el rechazo de Intervención. Según desveló la coalición Caballas los técnicos de Intervención de la Administración local rechazan la operación de compra si una tasación no ratifica el precio de 165.000 euros fijado por la artista.

Pero, pese a que el Servicio de Museos solo prevé el traslado de diez de las once esculturas, la Ciudad no ha confirmado oficialmente aún la adquisición de la polémica obra ni si realizará a cabo la tasación que reclaman los técnicos. La duda estriba, según las partes en si debe considerarse como un contrato de suministro “sujeto a la legislación de contratos públicos”, o si al tratarse de una obra artística puede ser objeto de compra por procedimiento negociado sin publicidad “al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público”.

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