El Gobierno de la Ciudad ha logrado sacar adelante —con los votos de PSOE y Vox—la modificación de crédito en el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) para suplementar la partida destinada al pago de sentencias judiciales con 469.000 euros, lo que, junto los 180.000 euros ya presupuestos, elevan la partida por encima del millón de euros. La ampliación del crédito del ICD está destinada al pago de las sentencias judiciales perdidas por el servicio de monitores de natación que  prestaba la empresa Arasti Barca que la Ciudad dio por extinguida sin lograr licitar un nuevo contrato durante más de siete años, tiempo en el que la empresa litigante siguió prestando servicio hasta que en 2018, el ICD decidió hacer una encomienda a la empresa pública TRAGSATEC que gestiona el contrato desde entonces.

“Hasta en cuatro ocasiones se sacó a concurso y las cuatro fue anulado por los licitadores o por errores en el personal a subrogar, que ha sido además objeto de demandas sociales; ha sido un proceso verdaderamente costoso hasta que finalmente se ha encomendado a Tragsatec”, admitir la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, reivindicando que se ha podido al fin “poner orden” en el contrato. 

Explicaciones de la consejera que no lograron convencer a la oposición que de forma unánime exige a la Ciudad que identifique quién o quiénes tomaron la decisión de litigar a sabiendas de que la causa estaba perdida, exigiendo a su vez la depuración de responsabilidades. Pero para disgusto de la oposición ni una cosa ni otra. Chandiramani asegura que el 7 de agosto, la Junta Rectora del ICD aprobó —con el voto en contra del PP— abrir una investigación que dos meses después no ha concluido. “La Junta rectora deberán determinar si ha sido responsabilidad de alguien o si ha sido la responsabilidad de la empresa que no facilitaba el listado de personal a subrogar”.

Manuel Hernández (PSOE): "¿Quién saca a consumo la prestación del servicio? ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Quién es el responsable? ¿Quién elabora los pliegos técnicos? ¿Quién decide ir a juicio sabiendo que se va perder?"

Para el portavoz socialista, Manuel Hernández, el resumen es sencillo: “Es un nuevo desastre en este organismo, estamos en las mismas, pago de sentencias judiciales una y otra vez, ahora 400.000 a la que había que sumar los 180 .000 ya presupuestaos, que suman 580.000 para abonar los importes de sentencias condenatorias de 2020. Esto pone de manifiesto una nefasta gestión del ICD, un organismo cada vez más alejado d una verdadera política deportiva, muestra de ello es el descontento de muchos clubes locales. Mientras se reducen las ayudas a estos clubes, los presupuestos 2020 incluyen subvenciones muy elevadas ,como la otorgada ala FFCE superior a los 600.000 euros anuales”. Desde el PSOE insisten en las claves que debe aclarar el Gobierno en la gestión del ICD: ¿Quién saca a consumo la prestación del servicio? ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Quién es el responsable? ¿Quién elabora los pliegos técnicos? ¿Quién decide ir a juicio sabiendo que se va perder? ¿Se va a seguir gestionando así el ICD, pagando más sentencias judiciales? La pregunta clave es como se ha llegado a esta situación: pedimos responsabilidades, saber quién o quiénes son los responsables”.

Desde Vox, su portavoz, Carlos Verdejo, fue el encargado de explicar su voto favorable pese a su reprobación d ella gestión del ICD: “ A nadie le gusta que la Ciudad tenga que pagar sentencias judiciales, y el único responsable es el Gobierno, no obstante las sentencias se tiene que pagar porque las consecuencias son peores que  este despilfarro de dinero”. Verdejo se sumó además a las peticiones de sus contrarios ideológicos, Caballas y MDyC, exigiendo que se abra una investigación a la que parece que el Gobierno no ha tenido tiempo en dos meses. “Cómo va esa investigación?”, interpelaba el portavoz de Vox. 

Fatima Hamed (MDyC): “Siento una admiración por la señora Miranda como wateporlista pero el ICD está peor o igual que la legislatura pasada. La realidad es que mejoras deportivas ninguna, vamos a peor”.

Desde MDyC, Fatima Hamed, lamentaba que la única partida que toca el Gobierno en el ICD se destine no a mejorar el servicio de la política de deportes, sino para el pago de sentencias de causas judiciales perdidas de antemano “Siento una admiración por la señora Miranda como wateporlista pero el ICD está peor o igual que la legislatura pasada. La realidad es que mejoras deportivas ninguna, vamos a peor”. Una crítica a la medallista olímpica y ahora consejera de Deportes en la que abundó el portavoz de Vox en su siguiente intervención con una comparación que la consejera de Hacienda Kissy Chandiramani tachó de “odiosa”: “Maradona era el mejor futbolista pero era un pésimo entrenador”, comparó el portavoz de Vox.

Hamed señaló que, pese a que el litigio con Anasti Barca centra la atención, no es el único ni mucho menos en el que se ha embarcado el ICD a sabiendas de que se va perder: “Más allá de los monitores de las piscinas de los que se ha hablado largo y tendido, no es el único al que hay que pagar, hasta el proveedor de las botellas de agua ha tenido que acudir los juzgados para cobrar, no hay proveedor que no lo haya tenido que hacer, este es el resultado de los años de la gestión del ICD”. “Ya han pagado 471.0000 y todavía quedan pendientes bastantes reclamaciones en los juzgados. Nos parece poca cantidad, por eso no podemos apoyar esto y animo a la señora Miranda a que dé un giro a lo que se está haciendo y si no puede, tal vez debería levantar las manos y reconocer que se escapa a su control”.

Mohamed Ali (Caballas) recordó que el Tribunal de Cuentas (TCu) deja caer literalmente en su informe de fiscalización que "se pleiteó de forma temeraria e irresponsable, a sabiendas de que se iba perder y la culpa no es de los servicios jurídicos, son funcionarios. Alguien tomó la decisión". 

La decisión de litigar a sabiendas de que la causa estaba perdida, explicó Fatima Hamed, ha provocado que la cantidad a pagar por el contrato haya aumentado hasta en un 17 por ciento solo en intereses y costas judiciales. Un dinero que no parece doler al Gobierno, lamentó la localista, porque es dinero d todos los ceutíes.

Mohamed Ali (Caballas) recordó que el Tribunal de Cuentas (TCu) deja caer literalmente en su informe de fiscalización que "se pleiteó de forma temeraria e irresponsable, a sabiendas de que se iba perder y la culpa no es de los servicios jurídicos, son funcionarios. Alguien tomó la decisión". 

“Maradona era el mejor futbolista pero era un pésimo entrenador”, comparó el portavoz de Vox.

Hay un acuerdo de la Junta Rectora en la que ustedes iban a abrir un procedimiento para depurar responsabilidades, ¿han hecho algo? Hemos buscado el expediente y sabe l que nos dicen los servicios jurídicos sobre la demanda de Anasti Barca, que no encuentran el encargo de la prestación de servicio. ¿Usted cree que en estas condiciones s puede aprobar esto?”.

Una ampliación de crédito y un carrusel de demandas que empujaron a la oposición poner sobre la mesa la cuestión de la disolución del ICD, aprobada por unanimidad en la Asamblea hace ya dos años y de la que no ha vuelto a saberse nada.